¿Cuáles son los efectos de la consulta popular en Cajamarca?

Redacción Mundo Minero marzo 27, 2017 Comentarios desactivados en ¿Cuáles son los efectos de la consulta popular en Cajamarca?

Cajamarca le dijo este domingo, 26 de marzo, no a la actividad minera en su región: escrutados más del 80% de las mesas habilitadas para la consulta popular, los cajamarcunos (con más de 5.800 votos que alcanzaron el umbral exigido) se opusieron al proyecto minero La Colosa, liderado por la multinacional Anglo Gold Ashanti. El Espectador, en alianza con Dejusticia, le explica los efectos prácticos y jurídicos de la victoria del no.

De acuerdo con el boletín # 10 de la Registraduría Nacional, el No había ganado con el 97,92 % de los votos, es decir, 6.165 sufragios. Por el Sí, la votación apenas acalzó 76 votos. Hubo 41 tarjetones no marcados y 14 votos nulos.

Primer escenario: se supera el umbral y gana el No a la minería

Diana Rodríguez, investigadora principal de Dejusticia, asegura que la Ley 134 y la Ley 1757 establecen que el resultado de una consulta popular, si supera el umbral necesario, es obligatorio y vinculante. “Jurídicamente, lo que tiene que pasar en este caso es que el Concejo municipal deberá adoptar la decisión y el mandato popular, y prohibir la minería en el municipio”.

Ante esta afirmación, Carlos Enciso, gerente de operación corporativa de Anglo Gold Ashanti en Colombia, asegura que, a pesar de que la compañía respeta la jornada electoral y reconoce que la consulta popular es un mecanismo de participación legítimo, las consecuencias prácticas y jurídicas de la victoria del No serían mínimas. Su argumento se basa en un reciente fallo del Consejo de Estado que sugiere que los efectos legales de la consulta son a futuro, no retroactivos y, por lo tanto, los derechos adquiridos de la empresa deben respetarse. Como quien dice, independientemente del resultado de la consulta, la multinacional seguirá adelante con la exploración de La Colosa.

Sin embargo, para Dejusticia, el argumento de la multinacional carece de validez por dos motivos. El primero es que el fallo de la sección 4 del Consejo de Estado, al que se refiere Enciso, es un fallo de tutela de primera instancia y por ende no es un precedente vinculante ni jurisprudencial. El segundo es que en Colombia los títulos mineros son una expectactiva y no un derecho adquirido y, en ese sentido, el Gobierno puede modificarlos. “Ellos no tienen una licencia ambiental para poder hacer la exploración. Si en la consulta popular gana el No y se supera el umbral, sería absurdo que la compañía siguiera con el proyecto”, afirma Rodríguez.

Segundo escenario: ¿qué hubiera pasado si ganaba el No, pero sin alcanzar el umbral requerido?

De acuerdo con las investigaciones de Dejusticia, lo más importante en este caso habría sido la licencia social. Este término, común en la jerga de los grandes proyectos minero-energéticos, hace referencia al deseo y la voluntad de la comunidad en la que se van a realizar las operaciones extractivas. “Si ganaba el No pero no se superaba el umbral, que equivale a un tercio del censo electoral, el mensaje que se le hubiera enviando a la gente de Cajamarca es que no hay licencia social. Es decir, que la comunidad no ha dado el permiso ni la autorización para proceder”, añade Rodríguez.

Por su parte, el comité proabstención de la consulta, que defiende el proyecto de La Colosa, asegura que el proceso está contaminado por intereses políticos y que en este escenario los más lógico sería entablar un espacio de discusión más amplio, como audiencias públicas en las que participen el Gobierno, la academia, la comunidad y el sector productivo.

Si bien la licencia social no es un requisito formal y obligatorio para emprender un proyecto de estas características, el Gobierno y las empresas han reconocido históricamente la importancia de contar con el apoyo y la venia de las comunidades. Incluso, un No mayoritario, así no se hubiera cumplido el umbral, habría sido un mensaje de descontento y de rechazo por parte de la gente de la zona. Según Rodríguez, una empresa correcta y digna debería entenderlo como el mandato de la comunidad y retirar el proyecto.

Fuente: El Espectador

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