El pragmatismo de Correa y Evo

Redacción Mundo Minero septiembre 13, 2013 Comentarios desactivados en El pragmatismo de Correa y Evo

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Los dos mandatarios toman decisiones trascendentales para estimular la industria extractiva. En Bolivia, la consulta previa solo será para la explotación y no podrá durar más de cuatro meses.

Los gobiernos de Bolivia y Ecuador, que se suponían una cierta reticencia, han anunciado cambios radicales a favor de la explotación minera: Evo Morales ha presentado una Ley de Minería que establece que no se requerirá consulta previa a los pueblos indígenas en las fases de prospección y exploración.

La propuesta del ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, establece en su artículo 186 que “las operaciones mineras que comprendan solo prospección y exploración no requieren de consulta previa” cuando hoy es necesaria en todas las fases de cualquier proyecto minero.

Y el presidente de Ecuador Rafael Correa, decidió “darse una pela” en favor de la industria extractiva: decidió poner fin a la iniciativa Yasuní-ITT, argumentando que el mundo “ha fallado”; no ha contribuido con el proyecto que buscaba salvaguardar un sector de la selva amazónica y no explotar un importante yacimiento petrolífero a cambio de una ayuda económica de protección ambiental por una valor superior a los USD 3.000 millones y solo consiguió USD 13,3 millones.

“El factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una gran hipocresía”, dijo Correa para luego anunciar que solicitará autorización del legislativo para explotar crudo en el parque nacional Yasuní, reserva natural de la biósfera declarada por la Unesco.

La explotación petrolera en el Yasuní solo incluirá unas mil hectáreas del millón de selva amazónica y le podrá representar ingresos al país por USD 18.000 millones. El bloque petrolero en la zona se estima tiene unos 900 millones de barriles.

Según el gobierno, la explotación del crudo en las zonas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Yasuní, se hará con la más moderna tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental en la región, considerada una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta.

La iniciativa de protección ambiental había sido lanzada hace seis años en Naciones Unidas, cuando el presidente de Ecuador pidió la “corresponsabilidad” de la comunidad internacional para no explotar el crudo del eje ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría con la combustión del hidrocarburo.
Correa justificó ahora la decisión argumentando que el país necesita los recursos para luchar contra la pobreza y construir las obras de infraestructuras que se requieren.

“El Yasuní seguirá viviendo, pero la pobreza disminuirá”, aseguró.

El otro pragmático

No muy lejos de Ecuador, el gobierno de Evo Morales también decidió apostarle a la explotación de los recursos naturales como opción económica de esa pequeña nación enclavada en las montañas, sin salida al mar y con uno de los niveles de pobreza más altos del continente: no habrá consulta a las comunidades indígenas en las etapas de prospección y exploración en los proyectos mineros.
“Esta medida es muy positiva” y “sería un gran paso” para el desarrollo del sector minero, afirmó el exministro de Minería, Dionisio Garzón, de acuerdo con el portal de América Economía.

Pero la iniciativa del gobierno de Morales va más allá: “En ningún caso se efectuará pagos en dinero a los sujetos de la consulta previa libre e informada ni a sus autoridades y/o dirigentes (…). Las compensaciones e indemnizaciones por impactos negativos de la actividad minera de explotación, que legalmente correspondan, deberán destinarse únicamente al desarrollo productivo o social de las comunidades o poblaciones afectadas”.

Según el ministro “cuando hay una consulta, siempre va a haber una exigencia de la comunidad para participar en el proyecto minero”.

“Eso frena la inversión, porque la exigencia de beneficios económicos es muy grande” y “el impacto ambiental de un proyecto de exploración no existe o es mínimo y se lo puede controlar muy fácilmente”.

El planteamiento establece también que si en la consulta con las comunidades indígenas afectadas por un proyecto minero no se logra un acuerdo, será el Ministerio de Minería el que tomará la última decisión al respecto y el proceso no podrá durar más de 4 meses.
La medida agilizará las inversiones en el sector minero y se complementa con el artículo 186 que señala que “las operaciones mineras que comprendan solo prospección y exploración no requieren de consulta previa”, según el exministro de Minería, Dionisio Garzón, en declaraciones al portal anunciado.

“Mientras no se tenga un verdadero proyecto minero no hay para qué consultar”, afirmó.

La consulta previa es adoptada en muchos países y tiene por objeto la concertación entre el Estado, las empresas y las comunidades, posibles afectadas con las operaciones mineras.

La estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dará prioridad este año a la exploración de cuatro áreas mineras, tres en Potosí y una en La Paz.

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