El reto en el posconflicto

Redacción Mundo Minero mayo 2, 2016 Comentarios desactivados en El reto en el posconflicto

Con la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las guerrillas ¿Qué le espera a la industria minera a partir de ese momento? Visión académica.

Colombia fue uno de los epicentros de la metalurgia prehispánica y gracias a la fundición con la garganta, como lo describió Inca Garcilaso de la Vega y lo reseña Daniel Vidart en Ideología y realidad de América, en este territorio se produjeron piezas de orfebrería que, por su excelsa fabricación, hoy reposan en los museos del mundo.

Más adelante, el oro extraído en la Nueva Granada no solo alimentó las finanzas de la metrópoli española sino que se constituyó en el mayor activo del país luego de alcanzar la independencia.

La minería forjó una actividad económica que atrajo la inversión extranjera y fue Gran Bretaña la primera en llegar a territorio nacional tras la firma del Tratado de Amistad, Navegación y Comercio en 1825. La extracción se erigió en un rubro esencial en el comercio exterior del país en su primera centuria y el legado ha continuado hasta la actualidad cuando sigue siendo protagonista de su aparato productivo, pese a la disminución de las cifras por una adversa coyuntura externa de precios que ha llevado a una disminución de la inversión extranjera y local.

En la última década, el país vivió el momento de mayor apogeo de su industria minera por factores como el incremento del precio de estos recursos naturales no renovables en los mercados internacionales y de la inversión extranjera directa en este sector que, según el Banco de la República, pasó de US$466 millones en el 2002 a US$2.977 millones en el 2013. Esta bonanza no solo le ha generado divisas y recursos al fisco que han fortalecido las finanzas nacionales y locales, sino que además han atraído a los grupos al margen de la ley que lo empezaron a ver como un negocio para expandir su operación criminal y legalizar el dinero del narcotráfico.

Las formas de lucha

La infiltración en la actividad extractiva primero por parte de las organizaciones guerrilleras como las Farc, Eln y Epl y de narcotráfico, y luego de las bandas criminales, le han dado impulso a la minería ilegal criminal que si bien no es nueva, si ha renacido como una fuente novedosa de financiamiento y menos riesgosa que el tráfico de estupefacientes, el secuestro y la extorsión. La presencia de estas agrupaciones en las regiones con mayor riqueza en su subsuelo ha permeado toda la cadena productiva generando violencia y creando nuevas prácticas delictivas como la desviación de las regalías y obtención fraudulenta de recursos.

Las ganancias son incalculabes y algunas cifras ofrecen un panorama de la magnitud del negocio. En mayo del año pasado, la Fiscalía General de la Nación reveló, tras una operación en Vichada y Guainía en la que capturó a cerca de 50 personas incluido alías Brache, aseguró que la explotación ilegal en estos departamentos de minerales como Coltán, Tantalio y Tungsteno le producía ingresos a las Farc por $20.000 millones mensuales, equivalentes a US$6,5 millones.

Las Bacrim no se han quedado atrás y su operación se expande por el país en busca de capital. El analista León Valencia, en el artículo Las bandas criminales y el posconflicto, se refiere a las actividades que realizan estas organizaciones para obtener financiamiento y menciona el espacio ganado en la explotación de recursos naturales.

“Persisten en el negocio del narcotráfico, pero derivan con gran eficacia hacia el microtráfico en las grandes ciudades y al tiempo han ampliado su participación en la minería ilegal, en el contrabando de muy diversos productos, en la trata de personas, en la extorsión, en el robo de celulares y de autopartes, componiendo un portafolio diverso y potente”, explica el columnista.

Un ejemplo de esta dinámica se produjo a finales del año pasado cuando la Policía Nacional informó, tras un operativo contra el Clan Úsuga, que minas ilegales y comercializadoras de oro a su servicio que operaban en la zona del Urabá antioqueño y Chocó, cerca de la frontera con Panamá, generaban ganancias por $265 millones semanales y $13.780 millones anuales.

El negocio se expande geográficamente y así lo reseñan las cifras. El Censo Minero realizado entre 2010 y 2011 reveló que el 63% de las unidades productivas mineras operaba sin título minero y más adelante un estudio de la Contraloría General de la República corroboró esta cifra, pero indicando además que buena parte de este porcentaje correspondía a la minería ilegal criminal.

Geográficamente, el fenómeno trasciende casi una tercera parte de las entidades territoriales del país. Según la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Criminal (Unimic), organismo gubernamental creado a mediados del 2014, la minería ilegal afecta a 300 de los 1.101 municipios del país, ubicados en los principales epicentros extractivos de la nación ubicados en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Cauca, Boyacá y Cundinamarca. En estas regiones, la presencia de grupos al margen de la ley se ha intensificado.

Todo por la plata

Los intríngulis de este fenómeno son ampliados en la serie Minería y Desarrollo, producida recientemente por la Universidad Externado de Colombia. En el tomo cuatro, Frédéric Massé, profesor de este centro de estudios terciarios, analiza en el capítulo Minería y Post conflicto: ¿es posible una minería de oro libre de conflicto en Colombia? el complejo panorama que se vive por cuenta de la expansión de la minería ilegal y la participación de diversos actores al margen de la ley y otros legales.

El autor plantea que, en un entorno internacional en el que las exigencias por el origen de los productos, bienes y servicios exportados son más rigurosas por parte de los compradores y de organismos como la OCDE, en el cual el país busca un asiento permanente, Colombia guarda la esperanza de que el término del conflicto armado, que se debe producir tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, “le permita avanzar, sanear, impulsar el sector y encarrilar de nuevo el tren del desarrollo minero-energético”.

Y si bien plantea que puede existir optimismo porque el Gobierno ha emprendido acciones para disminuir la ilegalidad como la expedición de normatividad, la educación y el acompañamiento a los mineros ancestrales y/o tradicionales, estos podría seguir desarrollando su actividad pero bajo el influjo de otros grupos armados al margen de la ley o de los guerrilleros que no se desmovilicen y sigan en el negocio. Describió la sinuosidad de las relaciones entre los diferentes actores y se refirió a la aparición de fenómenos económicos en los que la producción nacional de oro llegó a ser inferior a las exportaciones debido a toda una serie de maniobras delictivas.

Las relaciones de poder

Tras analizar todas las variables, Massé plantea la posibilidad de que en el posconflicto se produzca un cambio en las relaciones entre los actores armados al margen de la ley y los integrantes de la cadena productiva. Asegura que podría generarse una interacción no confrontacional, en la que la intimidación y el desplazamiento dejen de ser constantes, y en la que las empresas productores harían un pacto con estas agrupaciones delincuenciales para no tocarse y de ganar – ganar, con la anuencia de las autoridades.

También plantea que con la firma del acuerdo de paz con las Farc a la vuelta de la esquina, el cese de las hostilidades en los territorios ricos en recursos naturales no renovables sería un escenario ideal para atraer la llegada de nueva inversión extranjera directa que en el 2015 perdió ritmo frente a los años precedentes al ubicarse en US$533 millones, una tercera parte de la cifra del año precedente.

Sin embargo, el autor aterriza dicho optimismo al plantear que las multinacionales mineras están acostumbradas a trabajar en territorios hostiles y que este nuevo escenario no resultaría tan atractivo en ese momento para su operación como lo es  hoy. Además añade que, con la depreciación de los minerales en los mercados internacionales aumentar la presencia de estas compañías globales en el país sería menos probable

“El problema y el desafío no solo es tener una minería de oro libre de conflicto armado en Colombia sino una minería libre de influencia criminal”, concluye el autor.

Y la tarea no es fácil si se tienen en cuenta otros detalles como que este tema no ha sido tratado en la agenda de La Habana, pese a que a mediados del 2014 Luis Álvaro Pardo, director de la ONG “Colombia: Punto y Medio”, advirtió, en diálogo con Semana en Vivo, sobre la necesidad de discutir acerca de cómo será el posconflicto bajo el esquema actual minero.

En ese momento dijo: “Aún no se ha dimensionado el daño que la minería ilegal y la criminalidad ha generado en las regiones. El Estado ha concentrado su mirada a incentivar a las grandes empresas y no ha ampliado el mapa minero del país”.

En medio de la incertidumbre de una buena parte de la población sobre las concesiones a los miembros de las Farc y de la polarización política, la culminación del conflicto armado de más de cincuenta años de duración es casi un hecho. Parece asomarse un período de disminución intensa de las hostilidades y en el que la minería podría jugar un papel preponderante.

“El gran jugador”

Tras vivir 206 años de vida republicana de contínua belicidad: nueve guerras civiles entre 1810 y 1902 y un conflicto armado de más de medio siglo de antiguedad, además de los miles de desaparecidos que ha cobrado, la posibilidad de acabar la guerra es una necesidad para el país.

En este contexto, en el que el posconflicto, período que podría durar hasta diez años y en el que el país debería acopiar para su financiamiento cerca de $200 billones, según el Bank Of America Merrill Linch Global Research, la minería puede ser un actor fundamental.

Así lo confirmó hace un año César Díaz, ex director de la cámara de minería y en ese entonces Viceministro de Minas y Energía. Durante la X Feria Internacional Minera, realizada en Medellín, aseguró que esta rama económica tenía las características necesarias para ser abanderada del nuevo período en la historia política del país.

“El sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto es la minería porque es una actividad que se desarrolla en la región y en el campo, genera importante mano de obra directa y remunera muy bien a los trabajadores -1,5 veces más que otras actividades”, afirmó el funcionario en la edición 15 de Mundo Minero.

En aquel momento, Carmen Andrea Fúneme, secretaria de Minas y Energía del departamento de Boyacá, uno de los epicentros mineros del país, también coincidió con esta visión.

“Esto abre una puerta gigante a la mano que estaba esperando el sector para levantarse dado que no está pasando por su mejor momento. Necesitamos un apoyo institucional que incluso desde la Gobernación de Boyacá se está dando para que no se muestre esa minería irresponsable que causa daño al medio ambiente y la sociedad en general sino que se le de más realce a la minería responsable”, afirmó la funcionaria a Mundo Minero.

“El país está enfrentando una inmensa amenaza criminal, así, a secas, que ha recogido  lo peorcito de nuestra delincuencia: guerrilleros graduados en narcotráfico y minería ilegal, sicarios mercenarios, poderosos políticos locales, sectores corruptos de la policía, con un fin: aumentar sus millones, como cualquier otra banda de delincuencia común del mundo”.

María Isabel Rueda

El Tiempo. 10 de abril de 2016

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