ESPECIAL DE CERRO MATOSO CONTROL POLÍTICO Y FISCAL

admin agosto 12, 2012 Comentarios desactivados en ESPECIAL DE CERRO MATOSO CONTROL POLÍTICO Y FISCAL

 

La serie de dudas sobre los procedimientos que se vienen siguiendo en Cerro Matoso, los cuales le estarían generando al Estado colombiano y a las regiones dueñas del níquel multimillonarias pérdidas, estallaron en un control de adevertencia de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, quien dijo que no va a permitir que la prórroga de la concesión se hag a basada en “trucos jurídicos” y en un anuncio del Congreso de adelantar un debate de control político.

La mina Cerro Matoso S.A. está ubicada en el municipio de Montelíbano, costado sur de Córdoba, conocido como la “Capital Niquelera de América”, gracias a que la minera más grande del mundo, BHP Billiton, convirtió parte de su territorio en la mina a cielo abierto de extracción de níquel más grande del continente y la cuarta del planeta.

El Congreso de la República advirtió que hará un debate de control político al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que le entregue al país una rendición de cuentas ya que, al parecer, al país se le están facturando negocios de níquel en Cerro Matoso por 23 billones de pesos pero solo se pagan regalías por 9 billones de pesos.

De acuerdo concarta dirigida al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, y a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Beatriz Uribe, la contralora Sandra Morelli consideró de fundamental importancia que, “para soportar la decisión que se tome, se tengan en cuenta los estudios, simulaciones y escenarios de evaluación técnica, ambiental, económica y social”.

Asimismo, la contralora llamó la atención sobre los posibles riesgos que genera una negociación “sin las debidas previsiones, revisiones, comprobaciones, controles, trazabilidad, documentación y estudios, entre otros, que se deriven de la continuidad de los Contratos de Concesión Minera No. 866 de 1963 y 1727 de 1979, para la explotación del yacimiento del níquel”.

A las pocas horas la recien posesionada Beatriz Uribe renunció a la Agencia Nacional de Minería y en su reemplazo el ministro Cárdenas nombró a la viceministra de infraestructura la economista María Constanza García como su nueva presidenta.

La Contralora había dicho en Montería: “En el tema Cerro Matoso hay un juego jurídico que obviamente la Contraloría no va a admitir, en el sentido que se quiere transmutar la naturaleza de la concesión a una licencia. Sobre esos ‘trucos jurídicos’ no vale la pena referirse, porque no tienen asidero legal”.

 Lo que no se explica es por qué la Contraloría se tardó 16 años para pronunciarse sobre la licencia que se le otorgó a Cerro Matoso en 1996. 

La reacción de la funcionaria se debe a que se conoció que desde 1996 el Ingeominas firmó con Cerro Matoso un acuerdo que le permite a la empresa explotar nuevos terrenos hasta el 2029, y en ese acuerdo aprovecharon para incluir a los terrenos que ya estaban siendo explotados. 

Sigue enredo

Sandra Morelli Rico dijo que hasta ahora “la Contraloría estaba tranquila porque el anterior auditor de Ingeominas había establecido unos criterios muy claros para la renovación de esa concesión”. Esos criterios tenían que ver con un aumento en las regalías, que al Estado colombiano se le pagara por el arrendamiento de los activos que les regresarían a partir de septiembre, la unificación de los contratos de concesión, el aumento  de las compensaciones sociales y un adecuado manejo ambiental.

Lo que no se entiende es cómo el auditor de Ingeominas estaba poniendo esos criterios para una nueva prórroga, si esa misma entidad era la que ya había prorrogado la concesión desde 1996.

No obstante, Morelli insistió en que “nuestra función y responsabilidad es que se tutele el interés público. Si esos parámetros anteriormente expuestos se respetan sería razonable la renovación, pero si no, nosotros estamos dispuestos a hacer las advertencias del caso”.

Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre

REPORTAJE

En tres décadas de explotación de la mina de níquel Cerro Matoso se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. Con tan fabulosa fortuna, ¿por qué los pueblos que la rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quejan de extrañas enfermedades?

Es una paradoja. La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Desde este pueblo cordobés se observan las volquetas que arrojan en la ladera toneladas de escoria, el polvo sobrante del proceso de purificación del ferroníquel. Lo derraman en lo que hace tres décadas era una montaña verde, en la que Luis Simón Márquez Flórez, 51 años de edad, cazaba animales, cultivaba y se bañaba en aguas diáfanas. “¿Quién iba a imaginarse que había más riqueza en las entrañas de la montaña?”, dice.
En 1963, él vio los inicios de la exploración y 19 años después empezó a observar la explotación de la mina que en este tiempo ha pasado por diversos dueños. Hoy es propiedad de BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a 20,9 billones de pesos (11.000 millones de dólares). A Márquez Flórez no le caben en la cabeza estas fabulosas cifras y desconoce que la planta produce 50.000 toneladas anuales de ferroníquel que se exporta a las principales metrópolis del mundo. Lo que sí sabe es trabajar la caña flecha, cultivo silvestre y materia prima para hacer el sombrero vueltiao, como los que llevaban los deportistas colombianos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. A eso se dedican los 520 habitantes de aquí. “Es un trabajo doloroso por causa de la escoria que arrojan de la mina”, dice. Según sus testimonios, el viento lleva el polvillo hasta ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre sus techos y escurre con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. La compañía, por su parte, niega que emita escoria y destaca que “en sus 30 años de operaciones, no ha recibido nunca una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana”.

Dayro Romero, concejal de San José de Uré, habitante de La Unión Matoso, dice que hace poco hablaron con el presidente de la empresa, Ricardo Escobar, el primer colombiano en 30 años en dirigirla, y le dijeron que tenían que responder por el alto grado de contaminación por la escoria que está cayendo en su pueblo y por el grave impacto ambiental de la región. Escobar, según ellos, tomó nota de la situación y prometió averiguar si había irregularidades.

Los pobladores dicen que aguantan el dolor con estoicismo. Aquí no hay un puesto de salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las heridas. Carecen de cualquier servicio público. “La mayoría de mis 120 alumnos viven a diario con rasquiñas y gripas interminables”, dice Eleidis Romero, la profesora de la escuela San Luis. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exámenes médicos, dirigido al director de relaciones laborales de la empresa, dice: “Es importante observar que las mediciones ambientales realizadas presentan un nivel superior al permisible”.

Márquez Flórez se muestra cansado. No así los niños semidesnudos, con evidentes signos de desnutrición, que caminan por las seis vías sin pavimentar. En lugar de asfalto están cubiertas de saprolita, un material también de desecho de la mina con alta cantidad de níquel, duro y filudo. Es extraño el niño que no se vea cortado por andar por las calles. A pesar de esto, sonríen. Nunca han visto otra realidad. Parecen vivir en la Edad Media aunque al frente tienen una industria con alta tecnología y unas instalaciones que consumen tanta energía eléctrica como toda Barranquilla.

La Unión Matoso y la mina de Cerro Matoso están a 90 minutos de Montelíbano. Los une una carretera que atraviesa paisajes de espléndidas sabanas, salpicadas por colinas en donde pasta el ganado a la sombra de los árboles. Abundan las variedades, cebús y búfalos bien alimentados. Sin embargo, en el casco urbano de este municipio de 85.000 habitantes se acaba el paisaje de postal: entre la maleza y los olores fétidos se ven inconclusas la plaza de mercado y el matadero municipal. El alumbrado público es deficiente, no hay alcantarillado y el agua no es potable. La versión que pasa de boca en boca es que la plata de la mina se extravió en la maraña de corrupción local y regional. La compañía muestra sus libros contables en los que dice que ha girado durante los 30 años de operaciones al Estado colombiano 1,5 billones de pesos por concepto de regalías.

¿Cómo se esfumó tan astronómica cifra? ¿Qué político responde? Nadie. Un caso que simboliza esta respuesta es el del liberal Moisés Náder Restrepo, elegido en cinco ocasiones alcalde de Montelíbano. En estos periodos acumuló 64 investigaciones de la Procuraduría por derrochar las regalías pero nunca fue sancionado. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, dice un estudioso de la política local para explicar por qué la gente insiste en reelegirlo, “Saben que él ha sido perverso pero los demás han sido peores”, concluye. El municipio ha sufrido el azote de los narcos y los paras. Hoy el fantasma de las bacrim gravita en toda la región.

Enfermos por el trabajo

Aunque la plaza de mercado y el matadero parecen reliquias detenidas en el tiempo, algunos pobladores tienen preocupaciones más urgentes. A Julio Enrique Acosta Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos tóxicos en su cuerpo tras haber trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. Cree que la empresa ha mejorado en seguridad industrial, pero a él, que fue uno de los pioneros, le tocó una época en que esta era “bastante rudimentaria”.

Acosta lidera a 80 exempleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en un juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Federman de la Ossa, de 64 años, ingresó en 1971 y se retiró en 2000 con diagnóstico de enfermedad pulmonar. Vive en El Varal, Pueblo Nuevo, y permanece en una hamaca, junto a siete medicamentos que debe consumir las 24 horas. SEMANA hizo un recorrido por la zona y encontró otros casos dramáticos. En Pica Pica, a 40 minutos de Planeta Rica, vive Alfaro Osorio, de 55 años, con enfermedad pulmonar crónica. En Montería, Emilio Soto, quien ingresó a Cerro Matoso en 1980 y se retiró en 2007 cuando le diagnosticaron una dermatitis de contacto crónica. Su cuerpo era una llaga purulenta que producía repugnancia en sus compañeros de trabajo, quienes se lavaban las manos después de saludarlo, decían que estaba podrido, creían que tenía sida.

Según sus testimonios, adquirieron estas enfermedades por inhalar gases, por manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en contacto con el material particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. “En los 30 años de operación, 39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 casos corresponden a algún grado de pérdida auditiva”.

¡Peligro! ¡Peligro!

El níquel, dice la hoja de advertencia que va adherida a los costales de exportación, “es un material peligroso, puede producir cáncer, reacciones alérgicas cutáneas, es dañino para los pulmones tras exposición repetida o duradera; no inhalar polvo ni humo”. Lo advierte Cerro Matoso a sus clientes. Sin embargo, los mineros viejos dicen: “A nosotros nunca nos lo dijeron”.

En la década de los ochenta no había una preocupación por el tema de salud ocupacional, a pesar de que la International Agency for Research on Cancer (IARC), clasifica al níquel y sus compuestos en el grupo A1 de agentes cancerígenos. El pasado martes 24 de julio murió de cáncer Hildebrando Turizo, tenía 60 años, se lo habían diagnosticado hace diez años, fue operador de refinería y de la planta de recuperación. Cuando los periodistas de SEMANA lo visitaron en la clínica IMAT de Montería, el 13 de julio, contó que a él nunca le dijeron que “el níquel podía producir cáncer. El agua de consumo en la planta -aseguró- contenía minerales como hierro, cobalto, níquel, saprolita verde y café y azufre. La extraían de los yacimientos del cerro”.

A la mayoría de los exempleados el trato que han recibido de los directivos de Cerro Matoso los ha desconcertado. Los extrabajadores consultados por SEMANA coinciden en afirmar que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan bajito, y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son “exámenes privados”.

Pero si la empresa, como consideran los exempleados, ha sido indolente ante las enfermedades, la aseguradora del régimen de pensiones, a pesar de las evidencias, no ha aceptado que las enfermedades han sido contraídas en las labores que desempeñan. Por eso quedan sin trabajo y sin pensión. “Nosotros ignorábamos lo nocivos y venenosos que eran los materiales a los que estábamos expuestos. Yo entré caminando a Matoso y salí inválido”, dice Acosta.

En este mes de septiembre se vence el plazo de la concesión a la compañía que explota la mina. BHP Billinton aspira a renovar el contrato por 30 años. El presidente Juan Manuel Santos, quien trabaja en impulsar la economía con lo que llama “la locomotora de la minería”, tomará la decisión. El mandatario ha dicho en varios ocasiones que debe “haber absoluta igualdad entre lo que se extrae y lo que se reinvierte en la gente”. Además, ha precisado que cualquier explotación debe hacerse con sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, valida esta premisa: “No vamos a permitir explotación que no beneficie a las comunidades de los municipios en donde están las minas”. Gabriel Alberto Calle Demoya, el actual alcalde de Montelíbano, espera que en Cerromatoso no se siga ratificando ese presagio que dice: “Pueblo de mina, pueblo de ruina”.

 

La explotadora de níquel en Córdoba, Cerromatoso, no estaría pagando al Estado las regalías que realmente le corresponden por las ventas del mineral.

Entre los años 2007 y el 2010 se giraron regalías por valor de 870 mil millones de pesos sobre una producción de 9 billones de pesos.

Sin embargo, en la declaración de renta de la multinacional se habrían reportado ventas por 23 billones de pesos en ese mismo período.

La denuncia la hizo el presidente de la comisión tercera del senado, Bernardo Miguel Elías, a dos meses de cumplirse la fecha para que el Estado renegocie el millonario contrato de explotación con una producción promedio de 50.000 toneladas al año que representan para la multinacional BHP Billinton cerca de 730 millones de dólares.

El congresista cordobés está exigiendo que la renegociación se haga mediante subasta de tal forma que se evalúen las mejores propuestas para las arcas de Córdoba y de la Nación. “Las regalías son del 12 por ciento, una participación que seguramente será mayor si se va a subasta. No estamos hablando de   sumas menores. Por cada punto de más que se logre, la Nación recibirá como mínimo 15.000 millones de pesos más al año”, puntualizó Elías Vidal.

Además solicitó a la Contraloría General de la Nación una nueva   auditoría luego de detectar que entre el 2008 y el 2010 la compañía había dejado de pagar cerca de 35.000 millones de pesos por concepto de regalías y señaló como antecedente el hecho que en el 2005 Ingeominas cedió a la empresa la propiedad y uso de aproximadamente 13 millones de toneladas de mineral de hierro sin ningún tipo de contraprestación económica lo que para la Contraloría representó un detrimento de 209 mil millones de pesos.

“Hay razones de sobra para  solicitar una nueva auditoría y así lo vamos a hacer”, advirtió Elías Vidal, quien hoy radicó en el Congreso una    proposición para citar a un debate al ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, así como a funcionarios de Ingeominas y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en donde se les exigirá que las propuestas de una eventual subasta se hagan públicas y con la participación en la mesa de negociaciones de autoridades de Córdoba y de municipios productores como Montelíbano.
FUENTES: REVISTA SEMANA, PORTAFOLIO.CO, ELUNIVERSAL.CO, EL MERIDIANO DE CÓRDOBA

 

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