Exclusivo: La Colosa, al congelador

Redacción Mundo Minero abril 27, 2017 Comentarios desactivados en Exclusivo: La Colosa, al congelador

Más de 400 trabajadores en la región serán indemnizados. AngloGold mantendrá otros proyectos en el país.

La empresa AngloGold Ashanti ha decididó suspender los trabajos en el proyecto La Colosa, localizado en el municipio de Cajamarca, departamento andino del Tolima.

La decisión, tiene implicaciones inmediatas: no se realizarán nuevas inversiones en los trabajos de estudio y exploración, los gastos operativos serán reducidos al mínimo y más de 400 trabajadores de las áreas de operación, administración y logística, asentados en la zona, serán liquidados e indemnizados, cumpliendo las normas laborales vigentes en Colombia.

Las inversiones realizadas hasta el momento son muy importantes, incluyendo los aportes a proyectos sociales y comunitarios, unos 20 millones de dólares, alrededor de 60.000 millones de pesos colombianos, cifra que supera el presupuesto del municipio en varios años. Varios proyectos en agricultura, ganadería y formación empresarial y educativa se incluyen en la agenda de la empresa. También son significativos los pagos a proveedores locales y regionales.

La drástica medida adoptada por la compañía se refiere al proyecto específico de La Colosa, cuyas reservas se estiman en cerca de 30 millones de onzas de oro, que lo clasifica como uno de los más grandes del mundo, pues la transnacional continuará en Colombia en la operación de otros proyectos en exploración. Su principal trabajo se concentra en el proyecto de Gramalote, en el departamento de Antioquia y continuará con el estudio de nuevos prospectos.

La suspensión de los trabajos en La Colosa tiene que ver con los resultados de la consulta popular realizada el domingo 26 de marzo en Cajamarca, en la que los pobladores que participaron en la votación optaron casi en su totalidad (97%) por vetar la minería en el municipio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que solo una tercera parte del censo electoral se hizo presente, lo cual indica que más del 66% de los votantes potenciales se abstuvo de ir a las urnas.

Aunque la compañía posee los títulos en la zona desde hace diez años y podría seguir con el proceso de exploración, la firma se inclina por respetar la votación de la comunidad y seguir a la expectativa sobre la evolución legal, pero sin que ello implique un factor de palorización adicional que afecta a la comunidad.

Es la orden impartida por el presidente de la compañía para Colombia, Felipe Márquez, quién dirige la empresa hace dos semanas y está vinculado a AngloGold desde el 2014 como vicepresidente y consejero.

“Somos respetuosos de los medios legales por los cuales los ciudadanos pueden participar en el uso responsable de los recursos naturales del país, y seguimos creyendo que la minería responsable será un motor importante de crecimiento para la economía colombiana a largo plazo”, dijo la compañía luego de la consulta de Cajamarca.

Sobre la efectividad jurídica de la consulta popular local como mecanismo para vetar proyectos nacionales no hay claridad.

Una vez realizada la consulta en Cajamarca, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Minas, Germán Arce, dijo que se trata de una decisión política de una comunidad que no tiene capacidad para cambiar la ley.

De acuerdo con esa apreciación, Anglo Gold Ashanti tiene un título minero legalmente válido ante las autoridades nacionales y podría continuar los trabajos de exploración, así no posea la licencia ambiental que debe recibir para explotar la mina, una vez presente y sean admitidos los estudios de impacto ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia de Licencias, Anla.

Quienes están en desacuerdo con la explotación, consideran que la idea oficial no a ajusta a las normas constitucionales y a fallos de los tribunalas que le dan a las comunidades locales la capacidad para decidir sobre su desarrollo.

El Gobierno nacional ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que reglamente el ejercicio democrático de las consultas populares, pero limitando la capacidad local para vetar proyectos nacionales en las distintas áreas como la infraestructura y la explotación de los recursos nacionales y respetando los derechos adquiridos por las empresas privadas nacionales y extranjeras.

 

 

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