‘Hay que recuperar la confianza’

Redacción Mundo Minero junio 15, 2017 Comentarios desactivados en ‘Hay que recuperar la confianza’

Si se logra mejorar las condiciones para la minería, la inversión extranjera podría alcanzar a USD 7.500 millones en los próximos cinco años.

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Las cifras que demuestran la importancia de la minería en la economía nacional, su aporte a las finanzas públicas nacionales y locales y su contribución al crecimiento y progreso locales, están ahí y son reconocidas por los distintos agentes económicos y sociales.

Pero el terreno está lleno de dificultades: las empresas se quejan de una gran inestabilidad en las reglas de juego que está afectando el desarrollo de nuevos proyectos, hay un activismo social y ambiental extremos que busca “bloquear” a la actividad usando instrumentos legales como las consultas populares y sectores políticos quieren utilizar la situación para fines electorales. 

El impacto de ese ambiente “hostil” no se puede desatender: el año pasado se dio la menor inversión extranjera en varios lustros, hay cerca de 40 municipios del país que están organizando consultas contra la actividad, en más de 300 municipios impera la extracción ilegal y los bloqueos le han costado a la industria más de 300 millones de dólares por parálisis de las operaciones.

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, principal gremio minero del país, analiza la situación y retos de la industria minera en Colombia. 

¿En qué momento está la minería en el país? 

Primero que todo hay que precisar las cifras. Como el PIB sectorial se mide agregado en “minas y canteras”, la información del Dane muestra que cayó en 11 por ciento en 2016, pero si se excluye petróleo, la minería creció 4,7 por ciento, siendo después de los bancos la actividad de mejor desempeño, más de dos veces el crecimiento del PIB total que fue del 2 por ciento. Las exportaciones de la industria extractiva cayeron 13 por ciento en tanto que las de minería subieron 8 por ciento. En el primer trimestre de este año, el PIB agregado fue solo 1,2 por ciento y a la industria minera no le fue bien estando dentro de los cinco sectores que mostraron cifras negativas. En 2016 se dio una recuperación de precios que permitió un aumento de producción a niveles récord de carbón, oro, cobre e importante en las esmeraldas. El único que sigue más lento es níquel y también cemento por coyunturas específicas.

¿Esos datos de reacción favorable son atribuidos a qué factores?

Si se analizan las gráficas de precios internacionales, las cotizaciones del año anterior y la perspectiva de corto plazo no son las de años dorados de hace un lustro, pero sí es evidente el repunte que no se puede desaprovechar recuperando el ambiente de confianza en lo que sin duda son determinantes las políticas públicas. Si se da esa condición, aspiramos a que en los próximos cinco años, la inversión sea de unos USD 7.500 millones y en 2017 se logre un crecimiento del PIB minero del 5 por ciento y un aumento de exportaciones de 20 por ciento.

¿Colombia es considerado un país atractivo para la minería?

El ranking de atracción de inversión extranjera se ha deteriorado en los últimos años, pues se nos pasó de un “interés medio alto” a “medio” y en los últimos cinco años el posicionamiento de Colombia pasó del puesto 32 al 65, básicamente por razones de percepción en la política, pues en otros aspectos como geología somos el segundo después de Perú y el país tiene todo el potencial para ser exitoso. Sin embargo, no podemos jugar con la estabilidad jurídica, que aplica a temas como reglamentos, confianza en la legislación laboral y regulación, asuntos que nos golpean fuertemente. Hay un gran activismo judicial antiminero.

¿Y cuál es la agenda del sector?

La propuesta nuestra es desarrollar una agenda minera que nos ayude a sacar adelante al sector de una manera integral en cuatro asuntos centrales: incentivos para recuperar la inversión, mecanismos para aumentar la productividad, mecanismos para lograr una mejor certeza jurídica y acciones para mejorar la percepción del sector.

Incentivos para recuperar la inversión, ¿cómo cuales?

La inversión minera promedio anual del último lustro en Perú fue cerca de USD 8.000 millones, en México 2.150 millones, en Chile 1.880 y en Argentina pasó de USD 1.500 millones. En Colombia fue 1.492 millones. Hay que recuperarla para lo cual hay que aprovechar instrumentos como el CERT creado como un descuento tributario para la industria para las nuevas inversiones; las obras en beneficio de las regiones afectadas por la violencia financiadas con impuestos y la revisión del modelo de regalías para hacerlo eficiente y progresivo en función de la renta y no de la producción. 

¿Y para ganar competitividad?

Hay cinco tareas específicas: necesitamos una ventanilla minera ágil que destrabe, descongestione y resuelva, una legislación ambiental competitiva con estándares internacionales cumplibles, frenar el activismo laboral que trasciende las reivindicaciones y es usado como instrumento político que afecta la operación con bloqueos y parálisis y la coordinación interinstitucional en el manejo de los PINES. 

Uno de los reclamos mayores de la industria minera tiene que ver con la inestabilidad jurídica. ¿Qué se plantea?

Sin duda que este es un asunto de gran importancia y en el que se deben tomar grandes definiciones y hacer claridad. El primer punto tiene que ver con la definición y coordinación de competencias en la relación suelo-subsuelo; mientras no se arregle el problema la inestabilidad está en contra del desarrollo de la minería. La industria necesita una normatividad clara sobre las consultas populares y atribuciones en los distintos niveles de Gobierno para definir el desarrollo local y nacional. Otro asunto es la consulta previa a la que deben ser sometidos algunos proyectos, derechos y tiempos de los procesos; la minería ilegal es un cáncer que impacta no solo a la actividad responsable y legal sino es un factor de destrucción ambiental y generador de violencia. Hoy está presente en más de 300 municipios. Es un asunto de política de Estado que requiere una gran coordinación interinstitucional. Y finalmente la política de restitución de tierras es uno de los aspectos que requiere total claridad y mirar con lupa, pues la carga de la prueba no puede estar en las empresas que han obrado correctamente y acatado el ordenamiento jurídico.

¿Y por parte de las empresas?

Esta es un industria fundamental para el desarrollo, pues aporta unos 300.000 empleos directos y un millón indirectos; muchas zonas del país tienen en la minería su fuente principal de riqueza y las obras se hacen con los recursos que aportan las empresas. Sin duda que el acompañamiento de las empresas a la política pública es fundamental, como el diseño políticas empresariales en empleo y responsabilidad social y ambiental. Las empresas deben promover y estimular el desarrollo productivo local y hacer un gran trabajo con las comunidades en las que están localizados los proyectos. Sin duda que esto debe estar en el corazón de las empresas en coordinación con el Estado y los entes territoriales. 

Pero la imagen de la minería no es la mejor ¿Por qué? 

La minería bien hecha debe ser una causa de todos, de las empresas, proveedores, trabajadores y de los gobiernos. El camino de la desinformación ha ganado mucho terreno en parte porque a las empresas legales les ha faltado una mayor conexión y mostrarse más. La ganadora de esta actitud es la minería criminal que no tiene códigos éticos ni de conducta. Aquí no hay dilema entre minería y agua, minería y salud pública, minería versus agricultura o minería y medioambiente. Es un debate que se debe dar, pero sin extremismos o falsos dilemas. La minería bien hecha defiende el agua, la salud, el agro y la conservación del medioambiente. En eso no hay duda y hay que defenderlo y todos ponernos el “casco” de la minería. 

Hay zonas del país en donde minería y violencia se confunden. ¿Y ahora con el proceso con la guerrilla de las Farc esto se puede agudizar? 

Sin duda en Colombia se vive una transición de la violencia armada hacia el activismo social, que deja un saldo favorable, así el conflicto social se agudice, pero sin armas. A raíz de este nuevo escenario, el papel de la minería bien hecha y responsable es clave: las empresas deben acompañar el proceso y jugar un papel determinante. El empleo formal generado, bien pago cumpliendo las normas de seguridad social como hacen las compañías mineras será un elemento clave en la consolidación del progreso y bienestar de las comunidades. Eso no lo aporta la extracción criminal e ilegal.

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