La ‘Brújula Minera’ demuestra que la confianza no regresa

Redacción Mundo Minero junio 6, 2017 Comentarios desactivados en La ‘Brújula Minera’ demuestra que la confianza no regresa

En su cuarta edición, la medición evidencia que ni el Gobierno ni las empresas han tomado acciones concretas para mejorar la confiaza y, por el contrario, creen que es responsabilidad del otro sacar adelante un sector del que todos hacen parte.

Diana Cuestas Rodríguez

Directora de Alianzas para el Desarrollo y Gerente Brújula Minera en Jaime Arteaga & Asociado

El sector minero atraviesa por una coyuntura que no se daba hace muchos años. Recientemente en Colombia se licenciaron los dos proyectos más grandes de los últimos tiempos y la produccion mineral aumentó; sin embargo, la confianza de los inversionistas no mejora (Ilustración 1) e incluso empeora para las autoridades mineras (Ilustración 2). Ambos coinciden en las razones por las que las proyecciones para el sector son desalentadoras.

Según los últimos resultados de la medición de la Brújula Minera, los funcionarios de las autoridades mineras son los que menos le apuestan a que en los próximos 5 años la expansión de las empresas mineras dinamicen el crecimiento del sector. Este grupo, conformado por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Unidad de Planeación Minero Energética y el Servicio Geológico Colombiano, tiene dentro de sus funciones robustecer, desde diferentes ángulos, un sector que es indispensable para otras industrias y genera un aporte importante a la economía del país.

Si se compara el dato con el grupo de autoridades locales (alcaldías y gobernaciones) y el de autoridades ambientales y de control (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Procuraduría, Contraloría y las CAR), en donde el 57 por ciento de los alcaldes y gobernadores encuestados y el 47 por ciento de los funcionarios de las autoridades ambientales y de control creen que en los próximos 5 años la industria expandirá sus operaciones, se ratifica el pesimismo de las autidades mineras, en donde solo el 28 por ciento de estas coincide con las proyecciones de expansión en contraste con el 43 por ciento que considera que habrá una reduccion en las operaciones. (Ilustración 2). 

¿Por qué el pesimismo?

Las tres principales razones por las que los directivos de las empresas mineras mantienen su pesimismo en las proyecciones del sector son la dificultad para obtener licencias ambientales, la falta de estabilidad jurídica y la falta de apoyo del Gobierno (Ilustración 4). En dos de estas razones concuerdan con las autoridades mineras, quienes creen que el sector no crecerá debido a la falta de estabilidad jurídica con un 36 por ciento, seguido por el rechazo de las comunidades con un 29 por ciento y finalmente las dificultades para obtener licencias ambientales en donde el 15 por ciento de los funcionarios mineros están de acuerdo (Ilustración 3). 

Las razones en las que no concuerdan las autoridades mineras con los empresarios se reducen a una crítica de parte y parte. Mientras los directivos dicen que la tercera razón para disminuir sus operaciones es la falta de apoyo del Gobierno, las autoridades mineras se sustentan en el rechazo de las comunidades a la minería en Colombia. 

Falta de estabilidad jurídica y de apoyo del Gobierno

En mayo de 2016, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), que facultaba solamente a entidades del Orden Nacional para decidir sobre las actividades mineras. La razón para que este artículo se redactara así es en dos sentidos: el primero se debe en escencia al lugar de donde se obtiene el mineral, en Colombia los recursos del subsuelo son propiedad de la nación. El segundo hace referencia a que los proyectos mineros a gran escala, son Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES); es decir, de interés de todos los colombianos. Con este cambio, ahora las administraciones locales, por medio de sus POT/EOT, podrán decidir si se realiza o no la actividad minera en sus municipios. 

Esto implica que la promoción de la actividad minera legal ya no provendrá de una política pública nacional, si no que -aun cuando es de interés nacional y el recurso es de la Nación- promover o prohibir la actividad estará en manos de actores locales. 

Con ese panorama, en donde las autoridades mineras son conscientes de la exigencia de los empresarios para que Colombia sea juridicamente estable, los resultados de la Brújula Minera evidencian que no hay mayores avances en esta materia.

Según los directivos de las empresas mineras, la estabilidad jurídica, la capacidad de los gobiernos locales y la confianza de los inversionistas en el sector son los temas de política pública en los que menos se ha avanzado. Por su parte, y en sintonía con los motivos de las tímidas proyecciones de expansión, las autoridades de Gobierno consideran que no se ha avanzado en la generación de confianza de las comunidades en la minería, seguida por la capacidad de los gobiernos locales y la estabilidad jurídica, en estos últimos puntos, tanto directivos como autoridades concuerdan (Ilustración 5). 

Rechazo de las comunidades

Que algunas comunidades en donde operan o se pretenden operar proyectos mineros no estén conformes con la manera en que se están haciendo las cosas, es responsabilidad tanto de las empresas como de las autoridades de Gobierno. Por un lado, como ya se había mencionado, el Gobierno ha avanzado muy poco en la generación de confianza de las comunidades en el sector, lo que ha desencadenado que las entidades mineras, las cuales tienen los menores niveles de confianza (Ilustración 6), no tengan validez por parte de la comunidad en sus decisiones y acciones. Por el otro, y sin tener menor importancia, las empresas mineras han sido históricamente muy tímidas al comunicarse y arrogantes en sus relaciones con las comunidades vecinas, generando una visión negativa por parte de este grupo de interés (Ilustración 7).

Los directivos mineros se autoevaluaron en gestion de relacionamiento y reputacion en una escala de 1 a 10 en donde 1 es mala gestión y 10 es excelente. En este sentido, los resultados arrojan que los empresarios son conscientes de su poca gestión al relacionarse con las ONG y fundaciones, los sindicatos, su comunicación en redes sociales, la relación con las gobernaciones y con los líderes sociales a nivel local (Ilustración 8). 

A pesar de ser consientes de las dificultades que tienen en materia de comunicaciones y relacionamiento, los presupuestos destinados a mejorar en estos aspectos, no demuestran un aumento significativo (Ilustración 9). La gestión de las comunicaciones es la base del relacionamiento a todo nivel porque informa, de manera directa e indirecta, la realidad de las operaciones porque proviene de la fuente primaria, que es la misma compañía y sus voceros.

Dificultades para obtener licencias ambientales

La normatividad para sacar adelante proyectos mineros en Colombia es una de las más robustas en materia de licenciamiento, tambien es de las que más tiempo toma comparado con países donde hay una industria fortalecida. La decisión sobre otorgar o no una licencia debe basarse en parámetros técnicos; ser estrictos y rigurosos en materia ambiental es un deber de la administración. Sin embargo, la falta de lineamientos claros, genera que estas decisiones dependan de la discreción del funcionario de turno que recibe los expedientes de los proyectos.

En este sentido, las dificultades en el proceso de licenciamiento ambiental generan impactos en la confianza de los inversionistas e incertidumbre en el cumplimiento de los tiempos propuestos en las finanzas de un proyecto. Tanto las autoridades de Gobierno como los directivos de empresas mineras coinciden en que las entidades que representan un mayor impacto negativo para la industria minera son las CAR y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Incluso, las autoridades son más críticas en cuanto al impacto negativo de las CAR con un 13 por ciento, siendo este el puntaje más alto y el ANLA con 11 por ciento el segundo puntaje más alto (Ilustración 11), mientras que los directivos le dan a las CAR una calificación del 16 por ciento de impacto negativo y al ANLA un 5 por ciento como la tercera entidad con mayor impacto negativo en la industria.

En su cuarta edición, la Brújula Minera mantiene las alertas encendidas respecto a la falta de confianza en el sector minero por parte de diversos grupos de interés. Falta de confianza de los inversionistas por la poca estabilidad de las reglas de juego que rigen la industria. Falta de confianza de las autoridades mineras que reconocen que no se ha avanzado en temas críticos de la política pública. Falta de confianza de las comunidades que sienten que su vecino no se comunica con ellos. 

También evidencia que ni el Gobierno ni las empresas han tomado acciones concretas para mejorar la confiaza y, por el contrario, creen que es responsabilidad del otro sacar adelante un sector del que todos hacen parte.

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