La ley pone su parte

Redacción Mundo Minero abril 28, 2016 Comentarios desactivados en La ley pone su parte

Hay acciones contundentes de las autoridades contra la minería ilegal. Crimen infiltra a empresas legales.

Ante la magnitud que ha alcanzado el crimen y su vinculación con la minería illegal, a los operativos de las autoridades no se les da la magnitud que tienen o aparecen como acciones aisladas y sin contudencia.

El esfuerzo de las autoridades es grande. Hace unas semanas, la Policía capturó a 14 personas que hacían parte de un grupo que extraía ilícitamente oro y vertía mercurio al cauce del río Sambingo, en Cauca, el primero en desaparecer en el país y que llegó a ser uno de los principales afluentes de la cuenca del Pacífico. Las investigaciones detectaron una veta de oro sobre el afluente, entre Mercaderes y Bolívar-Cauca, por lo que procedieron a la captura de estas personas. Los detenidos extraían el mineral con retroexcavadoras y vertiendo altas cantidades de mercurio, con irreversible daño ambiental. Los mineros obtenían cuatro kilos de oro en 10 días.

La operación de captura se cumplió de manera simultánea en Cali, Pasto, Popayán, Santander de Quilichao, El Bordo y en el Estrecho. Entre los capturados están los dos socios, una contadora, los administradores de las minas, propietarios de las retroexcavadoras, aprovisionadores de combustible y transportadores del oro extraído.

Algunos de los vinculados a la investigación son el tesorero y el extesorero de Iscuandé, Nariño. Contra estas dos personas hay evidencias de la presunta financiación de una campaña electoral en el Pacífico nariñense, con dineros provenientes de la minería ilegal en el río Sambingo.

“Se conoció que valiéndose de algunos contactos administrativos en la región, gestionaban el paso de maquinaria pesada y su ingreso a diferentes municipios, con el propósito de ponerla en las vetas. También hay indicios de pagos que habrían realizado, de hasta 15 millones de pesos, a guerrilleros del Eln para que les garantizaran la actividad ilícita”, aseguró uno de los comandantes de policía de la zona. El Ejército confirmó que en el lugar fueron halladas máquinas retroexcavadoras y otros elementos de extracción estimados en 400 millones de pesos, una cifra irrisoria comparada con los tres mil millones aproximados que los delincuentes devengaban por la mina mensualmente.

Pero no solo es en Cauca. A comienzos de marzo, la policía informó la captura de Eduardo Otoya Rojas, y conocido con el alias de “el Doctor”, empresario que presuntamente financiaba a “los Urabeños” y a la “Oficina de Envigado”. Otoya fue presidente y vicepresidente de dos reconocidas empresas mineras y luego se dedicó a la minería ilegal al servicio de organizaciones criminales.

En la operación cayeron 15 personas, entre ellas un exsecretario de gobierno de Buriticá, un geólogo, un suboficial de la fuerza pública y tres policías de carreteras. Los allanamientos se realizaron en Medellín, Buriticá, Santafé de Antioquia, Cañasgordas, Vegachí y Segovia.

“Este es un golpe al corazón de la minería criminal. Vamos por todos los cabecillas de esta práctica ilegal que se roba la riqueza de los colombianos”, indicó en ese momento el director general de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto Rojas.

Otoya Rojas, según la Policía, es un experto en temas minero energéticos. “Aprovechó su condición de directivo para apoderarse ilegalmente de los planos donde estaban identificadas las vetas de oro, especialmente en las minas el Hebrón y La Equidad, que dejaban ganancias mensuales superiores a los 7.000 millones de pesos”, indica la Policía.

Según agrega la Policía, el empresario fue expulsado de estas empresas “tras conocer sus andanzas, había sido socio de un testaferro de Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, exjefe de la “Oficina de Envigado” extraditado a Estados Unidos”. También habría sido aliado de la banda “los Rastrojos” y del Bloque Central Bolívar de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En los últimos tiempos decidió crear su propia organización, autodenominada ‘Héroes de Occidente’, que se dedicaba a extorsionar y extraer oro ilegalmente en los municipios de Segovia y Buriticá.

En la operación se incautaron 64 kilogramos de oro, 1.200 kilogramos de explosivos, 12 kilogramos de mercurio y 2 armas de fuego.

Dudas del posconflicto

Los expertos coinciden en que el posconflicto podría preservar las zonas de explotación minera en el país, siempre que haya una actividad minera responsable y una acción decidida por parte de las autoridades.

Sim embargo, la transicción no será fácil por las estructuras armadas que amenazan la seguridad nacional y siguen perpetrando actos de terrorismo, masacres, desplazamientos forzados, daños ambientales, violencia sexual, reclutamiento de menores y otros delitos de lesa humanidad.

Las principales son la guerrilla del Eln, la disidencia del Epl y las bandas “los Urabeños”, “Bloque Meta” y “Libertadores del Vichada”, que según las cuentas de la Policía suman 3.580 combatientes, con influencia en el 70 % del país. Y no se sabe nada sobre las Farc que estarían empujando en alianzas como el Amazonas.

La alianza crimen organizado-desidentes de la guerrilla es una incógnita en el negocio de la minería y otras actividades. Según la Fiscalía, se tienen identificadas 1.883 bandas de crimen organizado, dedicadas a la extorsión, el sicariato, tráfico de drogas y armas, minería ilegal y hurtos. Las más activas son  “la Oficina” (Valle de Aburrá), “los Rastrojos” (Valle del Cauca), “la Empresa” (Buenaventura), “la Cordillera” (Eje Cafetero), “los Pachenca” (Magdalena) y “la Constru” (Putumayo).

Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el problema de las bandas es más grave de lo que se piensa, y para enfrentarlas la Policía revivió el Bloque de Búsqueda contra el Crimen Organizado.

Publicaciones de medios como El Colombiano de Medellín, lo certifican. El docente y experto en temas de seguridad, Gustavo Duncan, señaló que hay múltiples factores que explican el crecimiento de estas bandas, entre ellos: el aprovechamiento de “tecnologías delincuenciales” que pululan en el país de cuenta del conflicto armado y el narcotráfico, como el conocimiento de economías criminales y para disuadir a una población; a esto se suma la vulnerabilidad institucional en muchos territorios.

A las bandas tampoco interesa el medio ambiente.  Por ejemplo, en el Bajo Cauca, el daño es irreversible por la explotación salvaje de más de 45.000 hectáreas y en el futuro, luego de la firma de los acuerdos de paz, nadie garantiza que desaparezca la destrucción.

“Si hacemos un rápido repaso por el país, vemos que el Eln es fuerte en Arauca porque delinque a sus anchas al contar con el santuario venezolano. En el sur de Bolívar cada vez son más ricos con la expansión de la minería ilegal de oro, igual que en Chocó. En Nariño llenan las arcas con sus alianzas con ‘los Rastrojos’ para narcotraficar, pero donde más plata ganan ahora es en Norte de Santander. Gracias a la concesión de no erradicar cultivos ilícitos en el Catatumbo que hizo el Gobierno a los movimientos satélites de las Farc para conjurar el paro agrario del 2013, se triplicaron los sembrados de coca de los que también come el Eln”. Salud Henández Mora

EL TIEMPO. Mayo 10 de 2015.

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