Legislando con el deseo

Redacción Mundo Minero enero 5, 2013 Comentarios desactivados en Legislando con el deseo

Los argumentos descritos en un proyecto de ley del Partido Liberal para justificar por qué el sector minero debe tener mayores tributos que los demás sectores no solo son confusos, sino discriminatorios hacia una actividad económica en particular.

El primer ministro del Canadá, Stephen Harper, dijo en la pasada Cumbre de las Américas: “… si se busca crear una industria minera vibrante, capaz de crear retornos suficientes y sostenidos, y traer beneficios a la sociedad, la recolección de impuestos debe realizarse con mucha precaución”.

En Colombia, algunos sectores del poder legislativo interpretan estas opiniones como un argumento válido para regular más al sector minero y aumentar sus cargas fiscales y contribuciones económicas. Prueba de ello la constituyen iniciativas como la radicada en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, que pretende modificar aspectos normativos relacionados con el sector minero.

El proyecto, que puede considerarse bien intencionado, tiene como fin último el de incrementar las rentas del Estado, pero lastimosamente no mide sus posibles efectos, que, incluso, pueden ser contrarios a los deseados. Es una propuesta normativa que abarca temas tan complejos como una metodología para renovar contratos (denominado: subasta pública de concesiones), el cambio en la liquidación y las tarifas de las regalías variables por precio, hasta sugiere la creación de una empresa estatal minera y de una “autoridad nacional fiscalizadora y sancionatoria”, bajo el supuesto de que se tributa poco, y no hay control alguno para los formales.

En suma, la combinación de estos temas deja la sensación de desconocimiento sobre las especificidades del negocio minero (privilegia los retornos presentes sobre los retornos futuros de un negocio de largo plazo) y lo más relevante: se da en un momento inoportuno, no solo por el alto grado de politización del debate minero actual, sino porque el período para plantearse dichos ajustes ya pasó, porque la tendencia global a incrementar las cargas fiscales se viene desmontando dadas las realidades económicas del mercado, por el fin del superciclo de la bonanza minera en volúmenes y precios.

Así las cosas, el sector minero en los próximos años podrá entrar en una fase recesiva mundial, y Colombia, con seguridad, sentirá sus efectos, no solo por las restricciones en la demanda, sino por la escasez de recursos para la exploración. En junio del año entrante (reabrirá el Registro y Catastro minero) completaría más de treinta meses sin admitir nuevas solicitudes exploratorias, por lo que vale preguntarse si alguien vislumbra en el país nuevos proyectos a corto plazo.

También se observa que algunas de las motivaciones expuestas en el citado proyecto de ley son ambiguas; con el argumento de ajustar el marco jurídico para el “cobro” de regalías termina modificando las tarifas establecidas y complejizando su método de cálculo, desconociendo que en el actual sistema de liquidación de regalías ¬–por lo menos para carbón, níquel y oro– conserva la tendencia de acuerdo con su precio internacional, que castiga el modelo de liquidación, en vez de solucionar el verdadero problema de fondo: la necesidad de identificar y fortalecer un sistema de recaudo eficiente que controle que los pagos sean efectivos y sean los que se deben pagar, y de paso velar por un uso eficiente y cristalino de los recursos en las regiones.

Caso de discriminación

Los argumentos descritos en el proyecto de ley son poco claros para justificar por qué el sector minero “amerita la imposición de cargas económicas superiores a las que recaen sobre las restantes actividades de la economía”, siendo esto una manifestación discriminatoria hacia una actividad económica en particular, que atenta contra la seguridad de su inversión –que por sus características de riesgo y de plazos prolongados es bastante alta– y pone en riesgo una de las llamadas locomotoras del desarrollo económico y social del país. Esto resulta en una visión desbalanceada y sesgada para resolver el manejo de los recursos naturales no renovables, actuales y potenciales del territorio nacional.

Lo anterior se sustenta en que si bien al país le urge contar con los recursos económicos derivados del avance productivo que implica el desarrollo ordenado de la minería, lo contradictorio es que, quizá sin pretenderlo, privilegia e incentiva la producción acelerada, pues según el objeto y el ámbito de aplicación del proyecto, que “no se pretende apli car a los contratos que están vigentes” –manteniéndose las actuales condiciones¬–, se estimularía a los productores a generar en el corto plazo mayores volúmenes de producción, acelerando los tiempos normales para la ampliación de los proyectos, así como de los planes de cierres de mina, lo que deja en el futuro solo aquellos proyectos de mayor costo marginal de producción, puesto que las mejores concentraciones y calidades mineras, bajo este esquema, debieron ser extraídas con antelación. Por lo tanto, en este escenario, el Estado solo recibiría una mayor renta hoy, a cambio de sacrificar una tasa interna de retorno futura constante y a un ritmo que permita el aprovechamiento óptimo de los yacimientos mineros.

Como se dijo atrás, el proyecto modificaría no solo el sistema de liquidación de regalías, sino sus tarifas, cambio sustentado en la creencia de que “los minerales se transan a precios que son históricamente altos”, lo cual es una indicio impreciso para tomar la determinación de fijar una contribución adicional en épocas de precios altos, pues el comportamiento de precios de esta industria es bastante volátil en el tiempo, siendo inadecuado partir del supuesto de precios altos, los cuales pueden ser coyunturales reflejando una tendencia subjetiva, además de la indefinición de lo que puede denotarse como un precio alto.

Por otra parte, como se observa en el siguiente ejercicio comparativo de los precios internacionales de carbón y oro, con sus respectivos precios base de liquidación de regalías, en general conservan la misma tendencia. Sin embargo, como es evidente, los precios para la liquidación de regalías resultan más bajos, dado que la liquidación es sobre el precio boca de mina, es decir, que a los precios de referencia –que son los finales al consumidor–, es necesario descontarle los costos de transporte, comercialización y otros deducibles, para que efectivamente se acerquen a la definición “en boca de mina”.

La mayoría de los productos (commodities) mineros (a excepción el oro, que se ha comportado más como un activo líquido) presentan un comportamiento cíclico en precios, lo que sustenta el supuesto de que a largo plazo y en industrias competitivas, el precio tiende a su nivel de equilibrio, incluso hasta acercarse al nivel de costos marginales de largo plazo.

Para tipificar lo anterior, tomando como referencia el comportamiento del precio del cobre (mineral en el que no contamos con peso específico como productores y, por tanto, para el análisis resulta neutral), se observa que tiene ciclos de seis a siete años; en promedio, el precio se situó en los USD1.640 por tonelada entre el año de 1960 hasta el 2003 (donde se supone inicia la fase de boom minero), luego registra precios superiores a los USD8.800 por tonelada, sin embargo, el promedio desde el 2003 al 2011 no supera los USD5.626 por tonelada y para lo corrido de este año se cotiza con una diminución promedio del 5% respecto al año 2011.

Con base en las anteriores referencias, la pregunta es si Colombia amerita un ajuste a su actual sistema de liquidación de regalías y una contribución creciente por los denominados precios altos y más aun, si amerita descomponer la liquidación de regalías en rangos de volumen de producción, mecanismo que en la práctica resulta complejo de identificar y de verificar por parte del Estado.

En resumen, lo que se observa es que en el país el debate sobre el sector minero es cada vez más acalorado y, por lo tanto, las propuestas del legislativo para “normarlo” no se hacen esperar, siendo más reactivas y pasionales y menos planeadas y con escasa rigurosidad técnica, pues es evidente que ni el Estado ni su gerencia pública estaban preparados para asumir el reto de atender la locomotora minera, y ahora frente a las nuevas condiciones de un ciclo descendiente.

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