Minería ilegal no ‘necesita’ consulta

Redacción Mundo Minero agosto 12, 2016 Comentarios desactivados en Minería ilegal no ‘necesita’ consulta

El 88 por ciento del oro que se produce en el país procede de explotaciones ilegales. Alcalde de Ibagué promueve un “No” a la gran minería.

“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio con motivo de proyectos mineros?”.

Con esa pregunta, avalada por el Tribunal del Tolima, el alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, pretende bloquear que en ese municipio se adelantan grandes proyectos mineros, a través de una consulta a los ibaguereños, con fecha indeterminada, pues al cierre de esta edición de Mundo Minero, el Tribunal no ha enviado el texto definitivo de su sentencia.

El Concejo de Ibagué aprobó la consulta hace unas semanas en una votación reñida: diez concejales dijeron que sí, en tanto que en contra lo hicieron nueve. En el tribunal, se avaló en una proporción de cuatro a dos y requiere un umbral de 30 por ciento del censo electoral de la ciudad, unos 130.000 votos para ser válida.

El valor estimado para adelantar todo el proceso popular es de unos $ 9.000 millones, incluyendo la inducción y motivación, y todavía no se tiene claridad sobre quién o de dónde saldrán los recursos, pues no ha habido pronunciamiento oficial de la Registraduría ni del Ministerio de Hacienda en este sentido. Si los colocara la Alcaldía, representaría más del 5 por ciento de los ingresos que por impuestos recibe la ciudad, en la que más del 95 por ciento de su base económica son microempresas y solo 0,4 son grandes empresas.

De acuerdo con la Registraduría, la “operación consulta” del día de elecciones tiene un costo de 650 millones que sería la obligación del Gobierno Nacional. Lo demás es responsabilidad local para lograr que se cumpla el umbral de mínimo 130 mil votos, de los cuales la mitad más uno dará la mayoría. En caso de no lograrse esa participación, el proceso será inválido.

Organizaciones de ambientalistas radicales han venido promoviendo el “No” en los últimos meses, con el argumento de “No a la locomotora minera del Gobierno Nacional”, que según los entendidos es una estrategia muy riesgosa por cuanto sería ir en contra de la política nacional de desarrollo, lo cual no sería bien visto por muchos sectores que interpretan la idea como un instrumento de posicionamiento político del alcalde, que sigue la línea del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

De acuerdo con el diario El Nuevo Día de Ibagué, para el alcalde local, el objetivo es alcanzar “un territorio sostenible, sobre la base de tener una visión y misión de una ciudad verde, saludable, productiva y en paz”. La idea del burgomaestre de hacer la consulta el mismo día del plebiscito por la paz para “abaratar” costos no fue avalada por la Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, por no ajustarse a la ley.

Adicionalmente, los promotores de la consulta tienen una base de seguidores que no se ha medido efectivamente más allá de la exposición popular por parte de ambientalistas extremos, jóvenes menores de 18 años sin derecho al voto y de algunos grupos de izquierda.

En el otro lado, muchos empresarios y trabajadores consideran a la minería bien hecha, instrumento de desarrollo regional desde la época de los aguerridos Pijaos que tenían en esa actividad un importante sustento. Además, dadas las condiciones de pobreza y deterioro económico de Ibagué y Tolima, (ver problemas del Tolima) la industria extractiva sostenible se presenta como alternativa de mayor bienestar. Empresas como Cemex, Corona y en el futuro AGA son importantes generadoras de empleo y tributos.

El argumento ideológico de que el Tolima e Ibagué pueden ser ejemplo y un precedente jurídico para otras regiones del país que demostraría que los territorios pueden decidir sobre aquellos temas que afectan las vocaciones propias, no resulta relevante frente a las necesidades de desempleo y subempleo (más de 130.000 personas) y a la explotación infantil en Ibagué, la más alta en el país. Por el contrario, la minería bien hecha puede traer crecimiento y multiplicar el progreso en otros sectores.

Un debate abierto

Sin embargo, no se puede desconocer la importancia de la consulta minera que se pretende hacer en Ibagué, independiente del impacto local, pues puede ser ejemplo de una ciudad capital de departamento para que otras zonas del país realicen el ejercicio, perdiendo riqueza y empleo, que no corren por cuenta de los ambientalistas extremos, según unos como una demostración de autonomía regional, según otros.

“Yo no estoy de acuerdo con la minería que contamina las fuentes de agua y el suelo. No estoy de acuerdo con eso, esa no es la minería que estamos defendiendo”, dijo el ministro de Minas, Germán Arce, al referirse al tema de la consulta. Hasta ahí una afirmación obvia.

Pero el funcionario fue contundente y no solo para Ibagué: esa consulta no resuelve los problemas jurídicos en torno a la explotación del suelo. Por ejemplo, persistirán los debates frente a qué autoridad decide qué hacer con el territorio. Según el funcionario, la problemática no solo afecta a la minería sino también a la agricultura y a otras actividades económicas. Seguramente en los próximos días habrá otros pronunciamientos desde Bogotá, aunque la Agencia Nacional de Minería, máxima autoridad en minería, no se ha referido al tema.

Según el fallo del tribunal de Ibagué: “Se reconoce la afectación directa que produce la actividad minera en los aspectos ambiental, social y económico de la población, lo que de sumo, conlleva a reflexionar si los habitantes de esas localidades, los directamente interesados, puedan decidir democráticamente, si se ejecutan actividades en lo que se ven involucrados intereses vitales de la comunidad”. El texto es claro, pero deja dudas sobre el alcance y que se despejarán cuando se oficialice la sentencia .

Entre las empresas privadas, hay preocupación por el nivel de información de los ciudadanos del común sobre el tema, pues la pregunta, en el caso de Ibagué, además de tener un sesgo claro en favor de “No” como respuesta, cobija a todas las explotaciones en la jurisdicción y sus alrededores, en el entendido que en la región es mínima la producción de oro frente a otros minerales, incluyendo los insumos básicos para la construcción que se utilizan en muy alta proporción en Bogotá y material de arrastre y ladrillo. Empresas como la multinacional Cemex y Corona tienen grandes inversiones en la región y podrían ser afectadas en el futuro.

Mientras tanto, la experiencia en municipios como Ataco en el mismo Tolima, ha sido dramática, pues la oposición a la explotación de oro, dejó en manos de ilegales la extracción, que hoy usan mercurio y explotan a niños, cosa que no ocurre con los proyectos legalmente formados.

Pero además, hay una gran imprecisión en los argumentos de los defensores de la consulta, que va mucho más allá de la libre determinación y autonomía de las regiones para definir sus destinos, lo cual es protegido constitucionalmente.

Por ejemplo, argumentar que la minería bien hecha acaba con el agua no es veraz. El destino del agua es el siguiente: 70 por ciento para la agricultura, 22 por ciento para la industria y 8 por ciento para el consumo humano. Del porcentaje que utiliza la industria, la minería solo consume el 3 por ciento y recupera el 90 por ciento, con lo cual solo usa menos del 1 por ciento.

Según los críticos del proceso en Ibagué, la forma en que está formulada parte de la pregunta de Ibagué, solo busca el cumplimiento de normas vigentes que prohíben ya la contaminación, como es la Ley 23 de 1973, lo cual no justificaría una consulta popular y solo sirve para reforzar una idea cuando la prohibición de la contaminación ya está consagrada en las normas ambientales.

“No se hace necesario realizar una consulta popular para reiterar algo ya existente, como si se tratase de una novedad y se usen recursos públicos para definir algo que ya está definido, bajo una cortina de humo política tendiente a hacerle creer al pueblo que se está prohibiendo la realización de una actividad además legal”, es la opinión de abogados y expertos del sector minero.

Pero además, los datos sobre la minería del oro en el país, comprueban que el 88 por ciento de la producción resulta de explotaciones ilegales y el nivel de información es muy precario y sin mayores registros, según lo certifica el presidente de la Asociación Nacional de Minería, Santiago Ángel Urdinola.

Economía muy pobre

El caso de Ibagué y el Tolima es preocupante, como lo muestra su evolución económica y social: pérdida de casi el 50 por ciento de su participación en el PIB nacional en diez años, “microempresarización” de su sector productivo, alta tasa de migración interna y caída en la población relativa, pues 30 de sus 47 municipios tendrán estancada o menor población al cabo de 15 años.

Ibagué tiene serios problemas de abastecimiento de agua potable y no culpa de la minería, su acueducto principal (tiene 32) no contabiliza el 44 por ciento del líquido, su principal hospital está en crisis y su centro educativo tradicional, la Universidad del Tolima, está a puertas de ser intervenida. Los juegos nacionales fueron un “desastre” por ineficiencia de la gestión y porque dominó la corrupción en la contratación de escenarios.

De acuerdo con un reciente estudio de la Andi, la economía del Tolima crecerá por debajo del promedio nacional en los próximos años, con una caída del sector agropecuario, estancamiento industrial y sin mayor opción en otras áreas como el turismo, por carencia de inversión. Si se incluye la explotación minera legal, el PIB crecerá 7,2 por ciento, por encima de la media nacional.

El sector agropecuario, con excepción del café, ha venido perdiendo competitividad en el Tolima por distintas razones. De una extensión de 77.000 hectáreas en algodón hace 25 años, hoy solo se cultivan 4.000, el arroz enfrenta dificultades hacia el futuro por la reducción de los aranceles en el TLC con EE. UU. y la opción de la agroindustria requiere inversiones y tecnología que en las condiciones actuales no son viables.

Importantes empresas se han venido saliendo de la región o han sido liquidadas. Fibratolima, creada luego de la tragedia de Armero fue liquidada y sus equipos trasladados a Medellín, Fatextol y Texpinal desaparecieron, Café San Juan se acabó, al igual que Pastas Eldorado y la productora de aceites Gradinsa. Hoy el 47 por ciento de los negocios de Ibagué son tiendas y almacenes al detal. Hace rato no nace una empresa grande en la ciudad. Hay esperanzas de que una zona franca atraiga inversión privada de significación.

Bajo esa óptica, la minería bien hecha, podría ser una opción de desarrollo para la región. Lo deben decidir los ibaguereños y tolimenses en los próximos meses y sin duda poner la tónica para otras regiones del país.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) ya se pronunció sobre las solicitudes de títulos mineros en el municipio de Salento, en el Quindío, aclarando que no hay otorgamiento de títulos para esa zona, luego de la alerta en la ciudadanía en una zona considerada santuario de la palma de cera, el árbol nacional y hogar del loro orejiamarillo.

“Actualmente no existe un otorgamiento de título minero para la exploración y explotación minera en esa zona del país”, indicó esa entidad a través de un comunicado, precisando que se envió una consulta al alcalde de Salento, sobre una solicitud minera en etapa inicial.

Hay procesos en curso sobre el tema en otros municipios. Hace unos meses, los concejos de Támesis, Urrao y Jardín, en Antioquia, aprobaron acuerdos para blindar sus pueblos de la extracción minera, pese a que hay solicitudes de explotación en buena parte de ellos.

El primer municipio en dar un paso adelante fue Támesis: el 6 de septiembre pasado, los concejales aprobaron un acuerdo que declara como zona de protección especial todo el territorio del municipio y prohíbe la exploración y explotación de metales.

Estos tres municipios hacen parte del llamado “Cinturón de Oro de Colombia”, una zona conformada por varios pueblos que hoy está en los planes de grandes mineras, pero con explotaciones artesanales y muchas ilegales.

De acuerdo con la Secretaría de Minas de Antioquia, la intención de la Gobernación es “velar por el desarrollo y fomento de una minería responsable en la zona”, pero la experiencia de otros municipios mantiene en alerta a los campesinos de la región.

La duda que existe es ¿qué tan válidos son estos acuerdos, cuando la minería en el país es una actividad de utilidad pública e interés social y el dominio del subsuelo le corresponde al Estado?

 Nuevo código de minas, urgente

Casi que como una orden, la Corte Constitucional enviará un pedido de urgencia al Congreso de la República que lo obliga a expedir un nuevo código minas, con normas precisas, en particular en la consulta previa que debe darse con las comunidades afro e indígenas en cuyos territorios se vayan a adelantar proyectos mineros, incluyendo el petróleo.

En este sentido, la magistrada María Victoria Calle presentó un proyecto de fallo que será estudiado por ese tribunal, en el que se plantea la urgencia de tramitar nuevas reglas para la minería en lo atinente a la protección de las decisiones propias de las comunidades étnicas y raizales.

En un punto específico se plantea el establecimiento de requisitos para la selección de los concesionarios de yacimientos que deberán estar contenidos en el código que previamente sea consultado con todos los pueblos indígenas y afro que potencialmente se afecten con la explotación del subsuelo.

La Corte determinó que el Código Nacional de Minas, expedido en 2011 debía ser consultado con esas comunidades y dio dos años para que el gobierno adelantara el proceso de consulta establecido en la Constitución, al cabo de los cuales el ejecutivo no lo hizo, motivo por el cual dejó la norma sin vigencia en su totalidad.

En la nueva demanda contra el código minero que sigue rigiendo el sector, la magistrada Calle plantea cambios para hacer más efectiva la protección de los derechos de las comunidades frente a las empresas que se dedican a estas tareas. Así, pretende suspender la norma que permite a los concursantes en una licitación la prelación si primero han hecho la solicitud.

“Exhortar al Congreso de la República para que actualice el código de minas en lo concerniente al método de entrega de títulos mineros, a los propósitos de planeación en el aprovechamiento de los recursos, gestión de los mismos acorde con el desarrollo sostenible, intervención en la economía con fines de justicia ambiental, acceso democrático a la actividad y respeto por la minería tradicional y aquella que ampara la diferencia étnica y cultural, bajo criterios diferenciales entre los distintos tipos de minería y las distintas escalas de los proyectos”, establece la ponencia a estudio de la Corte.

Específicamente, la idea de la Corte es que en el código nuevo se establezcan criterios como los siguientes:

  1. Respeto y protección por la minería de subsistencia.
  2. Normas para adecuar la pequeña minería a la protección del ambiente y las escalas mediana y grande a los estándares más altos de la industria y de los principios de responsabilidad empresarial

III. Diferenciar la actividad minera no solo por el tamaño de sus proyectos, sino también en torno a su significado social, cultural y jurídico. Ello implica 1. Proteger la minería ancestral, desarrollada por comunidades étnicas y la artesanal, por la población rural. 2. Diferenciar entre la minería que incumple con parte de las normas que regulan la minería, pero se realiza en pequeña escala y puede adecuarse en un plazo razonable al ordenamiento jurídico 3. La minería ilegal, que incumple buena parte de tales estándares, se realiza en escalas mayores y carece por esa razón de vocación de legalidad; y 4. La minería asociada a las acciones de grupos armados al margen de la ley, frente a la que debe llegar el poder punitivo del Estado.

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