Se prenden más alarmas

Redacción Mundo Minero julio 24, 2015 Comentarios desactivados en Se prenden más alarmas

Exministro Amylkar Acosta, advierte que resultados de formalización minera son ‘mediocres’ y que la destrucción de maquinaria es una estrategia ‘equivocada’; paradójicamente solo benéfica a la minería criminal.

La atención del país está concentrada en los problemas más serios frente a la opinión pública y que tienen mayor visibilidad. Es lógico y entendible. Hace unos meses, la dramática caída de los precios internacionales del petróleo eran la preocupación número uno, aunque ya ha pasado a un segundo plano. Tampoco es prioritaria la gigantesca pérdida del precio de las acciones en el mercado de valores, ni siquiera la devaluación del peso que pasa ya del 40 por ciento en 12 meses, algo que no se veía desde hace muchos años. La crisis fiscal es un tema de algunos expertos y la inflación —por fuera de la meta oficial— preocupa a pocos.

Para bien o para mal, el proceso de negociación en La Habana, entre el Gobierno y las FARC, que casi alcanza tres años y que desde las últimas semanas —la acción devastadora y temeraria con atentados a diestra y siniestra— no dejan espacio al Gobierno y a los habitantes para pensar en otra cosa.

El tema no es nuevo, pero no había alcanzado la notoriedad de ahora. En 2014, —de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz— las FARC realizaron 130 ataques contra la infraestructura petrolera, en tanto que en 2015, después de haber levantado la tregua unilateral van casi 50. Los daños han sido incalculables no solo en vidas humanas, sino sobre el medioambiente, la salud de los habitantes, la vida animal y la economía y bienestar locales.

En los anteriores términos, la concentración de la “energía nacional” no deja espacio para otras cosas, que también constituyen prioridades y que seguramente cuando pase esta “horrible noche” se conocerá la dimensión.

Muy cerca de la industria petrolera está la industria minera, concentrada en el país en explotaciones grandes y pequeñas de carbón, oro, níquel y otros metales de menor relevancia. En el caso particular del oro, la situación no resulta alentadora; es creciente la expansión de la minería criminal, alimento de las bandas delincuenciales y al tráfico de drogas que la usa para “lavar” su dinero. Por su parte, nadie sabe qué pasa en la frontera con Brasil con respecto a otros minerales.

‘No más destrucción’

Amylkar Acosta fue ministro de Minas y Energía desde septiembre de 2013 hasta agosto de 2014, pues al iniciarse el segundo mandato de Juan Manuel Santos fue designado en su reemplazo Tomás González. Acosta pasó a ocupar la presidencia de la Federación de Departamentos, actual cargo.

Meses antes de su llegada al Ministerio, octubre de 2012, por petición del entonces ministro de Minas y Energía, Juan Carlos Pinzón, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2235, en el que autorizó la destrucción a “raja tabla” de todo tipo de maquinaria utilizada en la exploración y explotación minera sin título y licencia ambiental, cuando esta se requiriera. La medida fue adoptada en el marco de la reglamentación existente en la Comunidad Andina de Naciones que la contempla.

La norma fue demandada ante el Consejo de Estado, pero el alto tribunal consideró que pese a que la ley no establece la destrucción de estas maquinarias, el Estado tiene la facultad sancionatoria en materia ambiental por lo que puede otorgar estas competencias a la Policía Nacional. Antes de la norma, existía la incautación, aunque no la destrucción. Se llegaron a decomisar alrededor de 1.500 retroexcavadoras, 267 dragas, 620 motobombas y más de 500 volquetas.

El año pasado, y por más de dos meses, los mineros bloquearon carreteras y adelantaron movilizaciones en los departamentos de Chocó, Antioquia y Atlántico con una petición fundamental: detener la destrucción de maquinaria, que no afectaba la extracción ilegal, sino también a quienes se dedican a la minería tradicional y artesanal. El paro solo pudo levantarse después de que los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Minas firmaron un acta de compromiso con representantes mineros para detener provisionalmente esa práctica, al menos mientras se presentaba un proyecto de ley que definiera los criterios para destruir las máquinas y la forma de diferenciar la minería ilegal y la de pequeña escala.

El Decreto no ha sido modificado y el proyecto de ley nunca ha sido presentado al Congreso, en tanto que la destrucción de la maquinaria ha continuado, como lo ocurrido en marzo pasado en López de Micay y Timbiquí (Cauca) por más de 14.000 millones de pesos, en la que desaparecieron 20 equipos.

 ¿Han funcionado tres años de haber expedido el Decreto?

Para el exministro Acosta, ha sido el camino más cómodo para mostrar datos, pero la realidad deja mucho qué desear; no se está haciendo bien la tarea, dentro de lo cual “(…) lo primero es continuar un gran trabajo para hacer clara la diferencia entre la minería informal, ancestral, artesanal y tradicional, cuyos actores lo único que saben es trabajar en eso y, de otro lado, la minería que tiene vínculos con la criminalidad”.

“Arrasar, sin consideración alguna es una estrategia equivocada con la que se han cometido muchas equivocaciones e injusticias”, sostiene.

¿Y hay casos específicos de equivocaciones?

Sí. Por ejemplo a mineros del Chocó, a integrantes de comités comunitarios, les destruyeron una draga por equivocación. Eso termina creando una resistencia en contra del Estado y la minería criminal aprovecha para utilizar a los pequeños mineros a su favor haciendo una causa común inaudita.

¿Qué hacer?

Ahora que hay un nuevo Plan de Desarrollo y un Ministro de Defensa con un criterio más amplio, menos radical y vocación pacifista. Será una gran oportunidad para modificar esa norma.

¿Y qué hacer con la maquinaria incautada?

Hay que establecer un procedimiento ágil para la incautación y extinción de dominio. Es antipático en un país con tanta dificultades y problemas de comunicación, que la opción sea destruir la maquinaria que podría ser llevada a un banco de maquinaria para que sirva a los municipios y así solucionar problemas de infraestructura. Las comunidades y sus autoridades estarían dispuestas a colaborar en este objetivo si sienten que se benefician con la maquinaria. Hay que mirar los casos de países como Brasil y China.

¿Esto es aliados del Estado?

El tema no es fácil, pero es un trabajo por hacer. Mire lo que pasa en Santander de Quilichao (Cauca): el minero informal no usa maquinaria, pero los criminales meten las máquinas para explotar y abren unas horas el tajo a los pequeños mineros para que recojan las migajas y ganen algún dinero, lo cual genera una solidaridad de hecho. En Chocó se iban a destruir cinco máquinas, pero los pequeños no dejaron bombardear la quinta, pues se abrazaron a ella y de esa manera la protegieron, pues sabían que si la dejaban, perdían su trabajo”.

¿Y hay complicidad de los alcaldes?

Es un asunto también muy complicado, pues el alcalde es quien debe acceder a la destrucción, incautación y desalojo. En Lenguazaque le mandan la orden al Alcalde y cuando va al operativo, debe enfrentarse con un familiar que toda la vida ha vivido de esa minería.

Formalización mediocre

En septiembre de 2011, el precio internacional del oro alcanzó un récord de USD 1.923/onza y en diciembre de 2012 estaba en USD 1.660. Eso fue un gran estímulo a la producción, que en Colombia pasó de 15 toneladas en 2007 a 55 en 2013. Antioquia lidera la producción de oro en el país con casi el 50 por ciento de la producción, Chocó registra el 20 por ciento, Nariño el 9 por ciento y Cauca el 8 por ciento del total. Menos del 20 por ciento se hace cumpliendo las normas. Lo demás es ilegal y dentro de esa ilegalidad están las explotaciones artesanales y ancestrales.

“La corruptela e incapacidad de Ingeominas en cuanto a control, vigilancia y fiscalización, en la medida en que cada día había más laxitud en la expedición de títulos por parte del Gobierno de turno con una idea increíble de que solo se tenía un título presentando la cédula, rebasó la capacidad del Estado, por lo cual se creo la Agencia Nacional de Minería y se tercerizó el proceso de fiscalización con particulares”, afirma el exministro.

¿Cuál fue el error?

Se perdió mucho tiempo, porque el contratista tardó casi un año en empezar a cumplir sus compromisos, cuando es un contrato sobre resultados. No se entiende por qué si fueron seleccionados no estaban preparados. Dizque el tiempo lo usaron en capacitación y entonces ahora invocan su propia culpa. Ahora hay un riesgo jurídico muy grande para Fonade.

Por eso los resultados en fiscalización son mediocres para no decir que en realidad no hay fiscalización minera y el costo ha sido inmensamente alto. El 82 por ciento de la producción de oro está entre la informalidad y la ilegalidad. Menos del 20 por ciento está amparada por un título y una licencia ambiental. Ese recurso está en zonas deprimidas, de difícil acceso y sin presencia del Estado con altos niveles de pobreza y desempleo y los pequeños expuestos al accionar de la minería criminal.

Es dramático que no podamos hablar de catastro minero sino de catástrofe minera.

Conflicto y minería

¿Hay salida?

Estamos en mora de encontrarle una salida a la falta de ordenamiento del territorio: en donde sí se puede y en dónde no se puede hacer minería y no agricultura. A pesar de que no puede haber títulos en páramos se dieron. Hay que definir ocupación del territorio y sus usos del territorio. Esto deberá acordarse con las autoridades regiones.

Y si no se hace esto ¿qué pasará?

La negociación en La Habana busca acabar con el conflicto armado, pero no con el conflicto social. Estos señores, al deponer las armas, no se van a ir a veranear. Tenemos que acostumbrarnos a verlos en sindicatos y otras entidades y con un empoderamiento del liderazgo social. Debemos prepararnos para afrontar la conflictividad social abriendo espacios de diálogo social. No se puede pensar en una sociedad sin conflicto, es como pensar que puede existir un mar sin olas. (…)el único es el Mar Muerto. Una sociedad mejor es aquella que tiene mejores conflictos, pues es preferible mayor conflictividad social que seguir lidiando con una confrontación armada. Hay un esquema planteado y montado con el PNUD de gestión territorial para el desarrollo equitativo de la actividad extractiva que comienza con el petróleo, pero que hay que adoptarlo para la minería.

 

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