Temor por ‘orangután’ verde

Redacción Mundo Minero marzo 15, 2017 0

Proyecto de ley presentado al Congreso pretende establecer una subasta de las esmeraldas antes de su exportación y que no puedan ser vendidas ‘en bruto’.

La producción, comercialización y exportación de esmeraldas en Colombia ha estado ligada a una historia de terror y violencia como condición para “apoderarse” de la riqueza. Para quienes han estudiado el tema no son extrañas las referencias en los años sesenta al bandolero Efraín González, al ‘Ganzo’ Ariza e Isauro Murcia, o después a Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, Gilberto Molina y Víctor Carranza. 

“Se observa una permanente referencia a esos relatos, que por sangrientos que sean, son repetidos hasta la saciedad con orgullo. Al mismo tiempo se aplica una infranqueable ley del silencio sobre otros aspectos y episodios de la región en los que las repuestas son evasivas o muy limitadas”. La región es Boyacá y corresponde a un estudio de hace un año de Fedesmeraldas.

La dramática situación se explica en buena parte en que por muchas décadas, la industria esmeraldera colombiana ha estado dominada por la informalidad que eventualmente se ha convertido en criminalidad y la imposición de “la ley del más fuerte” con una muy baja presencia del Estado y una regulación normativa muy precaria que han sido permeadas por la corrupción y la delincuencia. Adicionalmente, esta informalidad ha permitido que las esmeraldas sean usadas para lavado de dinero proveniente de narcotráfico que ha reproducido la violencia y la pobreza.

Una de las características fundamentales del negocio es que no ha existido, hasta muy recientemente, la integración vertical que permita que un solo agente económico controle la producción en la mina, la talla, la venta y la exportación. La cadena de suministro en la esmeralda está conformada básicamente por cuatro eslabones: productores (explotadores), barequeros, comerciantes y exportadores, todos operando en forma independiente, lo cual genera duplicidad de procesos y tareas, ineficiencia y aparición de actores cuyo único objetivo es ganar dinero sin compromiso alguno ni con el Estado ni la región.

La llegada de nuevos inversionistas nacionales y extranjeros en los últimos años no solo ha traído recursos sino orden y formalidad al negocio, pero queda mucho terreno por recorrer. Otras empresas están pendientes de los avances de las pioneras para tomar decisiones en el mismo sentido.

Algunas empresas, como MineríaTexas Colombia, Esmeraldas Santa Rosa y Gemfields buscan transformar la cara de la industria de las esmeraldas en Colombia, a través de la modernización de procesos productivos y administrativos, cultura de la legalidad y cumplimiento de las normas y garantía de trabajo estable y formal a los habitantes del occidente de la región.

Pero ese proceso se podría venir abajo, pues en el Congreso de la República ha comenzado el trámite particular de un proyecto de ley, presentado por la representante del Putumayo, Argenis Velásquez, clasificado con el número 216 de 2016. 

El objetivo del proyecto no es discutible en teoría: “Aumento exponencial de regalías en el sector esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas a través del mecanismo de subasta pública, mejorando el recaudo tributario y dando solución a la problemática social en la cadena productiva de las esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas cuyos yacimientos se encuentran en el subsuelo colombiano”.

Si embargo, en el Artículo 3 se establece el mecanismo de la subasta: “Con el fin de brindar empleo, transparencia, trazabilidad y una adecuada tributación en la comercialización de esmeraldas y demás piedras preciosas, toda producción de material en bruto proveniente de la explotación de un título minero vigente, antes de ser transformada o exportada, tendrá que comercializarse a través del mecanismo de subastas públicas dentro del territorio nacional bajo la supervisión y reglamentación del Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, contando con el acompañamiento de los gremios nacionales de esmeraldas y demás piedras preciosas”.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel: “No se puede restringir la exportación de esmeraldas en bruto extraídas en el país y vulnerar los derechos de quienes se dedican legalmente a esta actividad, con la excusa de ‘garantizar el incremento exponencial de las regalías’. El incremento de las regalías llega de la mano de la legalidad y del cumplimiento de las funciones de las autoridades”. 

Además, “partir del supuesto de que la valoración de las esmeraldas para el pago de regalías depende de si está tallada o en bruto al momento de la exportación, es equivocado, pues la valoración de regalía se hace en “boca de mina”. En el proyecto se establece que: ‘(…) con el fin de aumentar exponencialmente las regalías por concepto de exportación de esmeraldas, estas tendrán que ser talladas en el territorio nacional antes de su exportación’ ”.

Varios propósitos planteados en el proyecto no tienen que ver con el mecanismo de intervención que se quieren establecer y por el contrario la formalización e integración favorecería el mejoramiento de las condiciones para que haya una colaboración entre los pequeños mineros y las grandes empresas, formalización de la actividad, de manera que se generen las condiciones y beneficios de un trabajo formal, tales como seguridad social, seguridad industrial, entre otras y la promoción de la cadena de valor de las esmeraldas en las regiones mineras.

Para los conocedores del tema, incluyendo a las autoridades, la pobreza y el subdesarrollo en la zona productora de esmeraldas han sido el resultado de la falta de formalidad, la desorganización, la ilegalidad minera y explotación feudal de trabajadores sin atender los mínimos patrones de normatividad laboral. Esa situación caótica ha privado al gobierno colombiano y a la región de las regalías y los impuestos que se debieron haber recibido.

Las denuncias son permanentes: la reputación de las esmeraldas colombianas ha sido afectada por la actividad de los llamados “esmeralderos”, que se han dedicado a pagar a trabajadores para que roben de minas legales y las exporten al mercado extranjero. Muchos de ellos están relacionados con organizaciones ilegales.

Según voceros de la industria, el modelo de ilegalidad es promovido por algunos actores que se benefician de esa operación y no es exclusivo de las esmeraldas sino de otras actividades mineras, pues logran así controlar parte del mercado, lavar dinero del narcotráfico, exportar ilegalmente y traficar armas. Detener el proceso de legalización, formalización y modernización, evadir impuestos y regalías es la condición para su supervivencia. Los líderes de estos grupos argumentan que ellos representan a los mineros “pobres” y pretenden convencer a la gente de la región que el negocio de las compañías mineras legales perjudica a los pequeños mineros, lo cual se comprueba con cifras que no es cierto.

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