UN TANGO ENTRE DOS

admin octubre 17, 2012 Comentarios desactivados en UN TANGO ENTRE DOS

 

Las empresas pagan impuestos y regalías no como un favor, sino como una obligación, pero el Gobierno debe invertir bien esos recursos. Dos años largos de una locomotora expuesta a la intemperie de las críticas de todo tipo, algunas serias y la mayoría desinformadas o malintencionadas.

 

León Teicher

Consultor privado

 

Una y otra vez concluyen los estudios serios al respecto, nacionales e internacionales, que la diferencia entre “la maldición de los recursos naturales” y “la bendición” de estos, radica en la solidez y eficiencia de la institucionalidad del país donde se exploten. Se requieren unas instituciones estatales de nivel nacional, regional y municipal, fuertes, equipadas con recurso humano idóneo y con políticas claras y competitivas, dotadas de los recursos jurídicos y económicos necesarios, y libres de manipulación política o corrupción. Y como se necesitan dos para bailar tango, es crucial que la empresa privada haga lo suyo.

Para ello debe tener, por un lado, los incentivos necesarios para invertir y, por el otro, un claro entendimiento de la responsabilidad pública del sector privado. Minería e hidrocarburos comportan grandes inversiones de riesgo a muy largo plazo y, por lo tanto, requieren estabilidad de las reglas de juego y protección frente a la inseguridad; pero además que el Estado cumpla con sus electores e invierta apropiada y de forma eficaz las grandes cantidades de dinero que las empresas pagan. Por supuesto que el pago de impuestos y regalías no es una graciosa concesión de las compañías. Es su obligación.  El deber del Estado es utilizar esos recursos, primordialmente, para mejorar el nivel de vida de la población de las regiones donde operan las empresas, cosa que hoy evidentemente no sucede.

 

Condiciones que cambian

 

La institucionalidad relevante en Colombia ha sido, y sigue siendo, muy precaria. La gente se queja, con toda razón, de que el Estado no ha sido eficaz en negociar, regular y administrar de la mejor manera nuestros recursos naturales. Las empresas se quejan, sin que les falte razón, de los continuos cambios en las reglas de juego, de la rotación constante en las posiciones de mando de las instituciones y de la falta de apoyo “político” al sector.

Indudablemente se están haciendo avances importantes. La reciente creación de la Agencia Nacional de Minerales (ANM) y del Viceministerio de Minas, son movimientos en la dirección correcta. La dificultad ha estado en la velocidad de implantación. Solo en semanas recientes se ha nombrado una Directora (con excelente experiencia) de la ANM y unos miembros (también excelentes) de su consejo directivo.

Son dos años largos de  una locomotora expuesta a la intemperie de las críticas de todo tipo, algunas serias y la mayoría desinformadas o, en algunos casos, malintencionadas.

Las empresas, organizadas en sus diversos gremios, han avanzado notablemente en su apreciación de obligaciones, que van más allá del mínimo necesario. Y ese mínimo ha venido creciendo en la percepción pública.

No son iguales los estándares del 2012 que los de los años ochenta, cuando se inició la gran minería en Colombia de la mano de varios proyectos de clase mundial. Pero aún falta mucho camino por recorrer para “ser y parecer” responsables. Existe una gran variedad de tipos y tamaños de compañías y de comportamientos. Una sola que falle en su apego a los más exigentes estándares le hace mella al conjunto de la industria. Ejemplos como el Código de Autorregulación, firmado por las doce empresas miembro del Sector de Minería de Gran Escala (SMGE) en febrero de este año, marcan un derrotero apropiado para mejorar continuamente, para lograr “ser y parecer” lo que el conjunto de ciudadanos, excluyendo a los más extremistas, desea de la explotación de sus recursos no renovables.

Colombia tiene la gran bendición de contar con amplios recursos naturales, que incluyen sus minerales y su biodiversidad. Los colombianos necesitamos empleo, desarrollo económico y protección ambiental. Encontrar el balance, como en toda actividad humana, no es fácil. Las decisiones implican transar unos costos a cambio de unos beneficios.

Desarrollo ¿a qué costo? El solo crecimiento económico no garantiza que los ingresos lleguen a toda la población en forma equitativa. Debe intervenir el Gobierno para asegurar una correcta distribución y deben las empresas asumir cada vez más seriamente su responsabilidad pública para que el modelo funcione y les reporte beneficios a todos los colombianos.

Protección del medioambiente, ¿hasta dónde? Llevada a un extremo hubiese implicado que las calles por donde nos movilizamos no existieran, y en su lugar estuvieran los bosques, llanuras o pantanos originales. Que no tuviésemos carreteras, ni agua potable y alcantarillado en nuestros sitios de vivienda, ni energía con la cual alimentar todos los aparatos de nuestra vida moderna, incluyendo los de las escuelas y los hospitales.

Pero nunca encontraremos el balance adecuado si la conversación necesaria al respecto se convierte en gritos entre los hinchas de una alternativa o la otra, apoyados en nada más que su convicción personal y negando toda evidencia científica porque suponen que siempre hay detrás un complot de los poderosos. Y menos cuando los hinchas pasan a ser “barras bravas” dispuestas a cualquier cosa.

Hemos permitido que se “hable paja” impunemente al calor de frases patrioteras: “¿qué vale más, el agua o el oro?” “Las multinacionales todo se lo llevan y nada dejan”. “Es imposible hacer minería sin dejar impactos negativos”, etcétera. Mientras tanto, Colombia ni siquiera posee suficiente información veraz sobre cuáles son sus recursos reales porque no se otorgan licencias ambientales para explorar y averiguarlo. Para construir conocimiento. Y no tiene una industria minera real porque cuando los precios están bajos nos olvidamos de las empresas que corrieron los riesgos, pero cuando están altos todos corremos a tratar de sacar la máxima tajada.

 

Las barras bravas

 

En esos momentos, en lugar de trabajar juntos, nos dedicamos como cualquier barra brava a insultar a aquellos que nos han dado su confianza, que han invertido sus recursos, que han generado empleos, pagado impuestos y regalías, y los tratamos, groseramente, como a sucios criminales. Sin que nadie se inmute. Hemos posibilitado que en los ámbitos políticos más desacreditados se ganen puntos simplemente acusando a los “malos de siempre”, haciendo politiquería con el tema, buscando en algunos casos beneficios propios, en lugar de exigir que se dialogue al más alto nivel, con respeto, con rigor científico, con apego a las cifras, independiente de que se lleve a cabo una negociación en la que, por definición, una parte quiere vender más caro y la otra quiere comprar más barato.

Como en los grandes juicios, donde los únicos que ganan son los abogados que llevan el litigio, en este juicio nacional a la minería estamos permitiendo que los únicos que ganen sean los que quieren que nuestro modelo de desarrollo fracase y los que se benefician de pequeños oportunismos políticos para ganar votos desinformados o de pequeños nichos profesionales desde los que se ganan cómodamente la vida.

Ya el Gobierno nacional parece estar haciendo lo suyo. Ya sectores de la empresa privada parecen estar haciendo lo suyo. Hay que meterle velocidad, trabajar juntos, “bajar línea” y asegurar que las demás instituciones del Estado y los demás jugadores del sector privado sigan por el mismo camino. Hay que mantener el diálogo y el debate a alto nivel, y asegurarnos de que quienes desinforman tengan que, por lo menos, ruborizarse por su ignorancia. O por su mala intención.

 

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